Dos agentes de la nueva unidad de vigilancia de zonas rurales de la Policía Local de Canet. EPDA Con el inicio de este año en curso 2018, se crea en
el seno de la Policía Local de Canet d’En Berenguer (VLC), una nueva
unidad de motoristas con objetivo de complementar el servicio de
vigilancia y control de seguridad en el municipio y reforzar la
vigilancia de las zonas rurales.
Esta unidad está formada, de inicio, por cuatro componentes bajo
supervisión directa de la Jefatura de Policía Local.
Además de complementar las funciones habituales de policía local de
vigilancia y control de seguridad en zona urbana, esta unidad tiene
encomendadas de forma específica las tareas de vigilancia y control de
las zonas rústicas del municipio de Canet d’En Berenguer, desarrollando
una planificación específica de control en campañas de recogida de
cítricos (naranjas, limones, etc.,), además de un control en pozos y
balsa de riego del municipio.
Los resultados positivos de la implantación del servicio se han podido
ver desde los primeros días de su creación.
Se han realizado diversos controles e identificado a personas que
transportaban cítricos careciendo de la preceptiva documentación que
acreditase la trazabilidad agraria de la carga así como su procedencia.
En estos supuestos se han realizado decomisos de la fruta obtenida de
forma ilícita, localizando posteriormente a los propietarios del género,
informándoles de los hechos y haciéndoles entrega del material
incautado. En algunos de estos controles se ha contado con la
colaboración de la Policía Autonómica.
En los
casos de materiales decomisados por no acreditar su origen o la
documentación acreditativa para su transporte han sido entregados en la
sede local de Cáritas.
Las
labores de vigilancia rural durante la campaña de recogida de cítricos
han dado como resultado también una actuación conjunta con la Policía
Autonómica contra el empleo de personas en situaciones precarias para la
recogida de fruta.
El operativo se saldó con
la investigación y detención de varias personas por un supuesto delito
contra los derechos de los trabajadores quedando las pesquisas de
averiguación a cargo de la Policía Autonómica.
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