Agentes de la Policía Nacional,
en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social,
han desarrollado una operación contra el fraude a la Seguridad
Social en la provincia de Valencia. Se han investigado a nueve
personas como responsables de impagos de cuotas que han causado un
perjuicio total a la Administración de más de 3.000.000 de euros.
La
investigación comenzó a mediados del pasado año gracias a
diferentes escritos-denuncia remitidos por parte de la Tesorería
General de la Seguridad Social. Los agentes han revisado y analizado
cuatro expedientes de empresas deudoras, todas ellas domiciliadas en
la provincia de Valencia, determinando la implicación de los
investigados en diversos delitos.
Los
agentes han constatado que los responsables de los ilícitos son
principalmente los administradores y socios de las empresas, si bien
también se ha detectado la implicación de familiares directos y de
trabajadores que actuaban como testaferros. Estos últimos bajo la
amenaza de perder su puesto de trabajo.
Los
policías han realizado informes patrimoniales de las personas y
empresas implicadas, logrando aflorar bienes que habían tratado de
ser ocultados para evitar las acciones ejecutivas de los acreedores,
simulando con ello una situación de insolvencia.
Diversas
formas de defraudación
Los
agentes han detectado que, con el fin de eludir el pago de las
cantidades adeudadas, las defraudadoras ponían en práctica diversas
conductas. Creaban sucesivamente sociedades mercantiles a las que
transferían la actividad que venía desarrollando la deudora, o
entramados empresariales en los que la actividad empresarial aparece
en una u otra según convenga. También se ha detectado la
transmisión de la titularidad de los bienes entre empresas o
empresarios, impidiendo o dificultando su localización, la
ocultación a los organismos competentes de la Administración para
eludir el pago de la deuda o la simulación de delitos –robos o
hurtos- para distraer los bienes muebles.
De
todos los expedientes revisados destacan dos por el “modus
operandi” realizado para cometer el presunto fraude. Los agentes
detectaron un establecimiento comercial cuyo administrador había
dejado sistemáticamente de hacerse cargo de las obligaciones con la
Seguridad Social. Cuando la empresa alcanzó una deuda de unos
400.000 euros vendieron las participaciones por “un euro” a otra
empresa pantalla, representada por una persona insolvente.
Paralelamente crearon una nueva mercantil a nombre de un familiar.
Cuando comenzaba a defraudar a la Seguridad Social, ponían al frente
de la misma a un nuevo testaferro previo pago de sus servicios.
El
administrador actuaba siempre con dinero en efectivo, tanto para el
pago de nóminas como de proveedores, sin hacer uso de cuentas
bancarias ni permitir el pago con tarjeta evitando así cualquier
acción ejecutiva. Además utilizaba diversos ardides jurídicos para
ocultar sus propiedades, llegando a falsificar un contrato de
alquiler de un local con su propia madre, fallecida cinco años
antes. Con esta operativa había conseguido defraudar más de 750.000
euros.
En
el otro caso, los responsables de un establecimiento hostelero
dejaron de hacerse cargo del pago de las cuotas de sus trabajadores,
si bien sí realizaban la deducción de sus nóminas creando un
agujero a la Seguridad Social de más de 500.000 euros. Para cometer
su actividad delictiva llegaron a simular y denunciar falsamente
robos en el establecimiento para distraer de este modo la acción de
la Administración.
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