Agentes
de la Policía Nacional han llevado a cabo en todo el territorio
nacional la Operación “LIBITINA”, dirigida contra el cobro
indebido de pensiones del Instituto Nacional de la Seguridad Social
(INSS), cuantificándose el fraude cerca de los dos millones de
euros.
Con
anterioridad al establecimiento de los controles actuales por parte
de la Administración, la labor de detección de fallecimientos era
bastante tediosa y compleja, apareciendo a fecha de hoy defunciones
de pensionistas no detectados en su momento a los que se les ha
seguido abonando la pensión en los años posteriores.
Las
investigaciones comenzaron a principios del presente año mediante el
requerimiento de actuación a la Sección de Investigación de la
Seguridad Social por parte del Instituto Nacional de la Seguridad
Social, con la información obtenida de las entidades financieras a
requerimiento de la Tesorería General la Seguridad Social en su
condición de pagador, al haber detectado varios casos en los que
seguía abonándose las mensualidades de la prestación a personas
fallecidas, siendo sus actuales perceptores quienes mediante la
simulación, o falseamiento, de la vivencia de las personas muertas
seguían beneficiándose de esta ayuda económica.
Una
vez confirmada la existencia de estas irregularidades delictivas, por
parte de la Sección de Investigación de la Seguridad Social, se
coordinó un dispositivo policial que englobaba a las provincias de
Alicante, Almería, Cantabria, Córdoba, Las Palmas, Lérida, Lugo,
Madrid, Málaga, Pontevedra y Valencia, que culminó con la
implicación de los investigados por delitos de fraude de
prestaciones, estafa y falsedades documentales.
Se
han revisado 27 expedientes, siendo investigadas 62 personas, de las
que resultaron implicadas 19 de ellas por el fraude de 1.932.211,27€
al Instituto Nacional de la Seguridad Social. Los responsables del
delito han resultado ser familiares de las personas fallecidas,
siendo estos principalmente hermanos/as, hijos/as y sobrinos/as.
Se
ha dado la circunstancia, que en ciertos expedientes los causantes de
la actividad delictiva se encontraban ya fallecidos, por lo que si
bien se dio cuenta al Juzgado, no se ha podido tomar declaración a
ningún responsable.
En
todos los casos se ha realizado un informe patrimonial de las
personas implicadas, con el fin de que la Tesorería General de la
Seguridad Social pueda solicitar el embargo de aquellos bienes que
considere oportuno, o en su caso el Juzgado que entienda de cada una
de las causas pueda utilizarlos con el fin de cubrir las
responsabilidades oportunas.
A
destacar
Llama
la atención el caso de una pensionista de la Comunidad de Madrid,
que estuvo cobrando 31 años su prestación una vez fallecida, desde
marzo del año 1985 hasta octubre de 2016, con un montante total de
173.170,43€ defraudados.
El
pago de la prestación se hacía en una entidad bancaria, en la que
la hija de la fallecida estuvo domiciliando recibos ordinarios y
sacando el dinero que consideraba necesario para sus gastos,
engañando a la Administración de todas las formas posibles. Para
ese ardid, solicitó diversos Certificados de Fé de Vida de su madre
fallecida en el Registro Civil de Madrid, entregando estos documentos
posteriormente a la entidad bancaria y a la Seguridad Social, con el
único fin de poder seguir beneficiándose de la pensión de su
madre. En otras ocasiones entregaba fotocopia del Documento Nacional
de Identidad de la fallecida, junto con el suyo, con el único fin de
acreditarse como persona facultada de su madre, como cuando necesitó
ponerse como autorizada en la cuenta bancaria dónde se cobraba la
pensión.
Motivaciones
Entre
las motivaciones más comunes estaban la de no saber que no tenían
derecho a seguir percibiendo ese dinero, que ya se lo habían dicho a
la entidad bancaria pero como seguían cobrándolo hacían el uso del
mismo, así como que la vida está muy mal y su dinero legal no
llegaba para poder mantenerse en el día a día.
Pero
sin duda, la más insólita fue la que una mujer manifestó ante los
policías actuantes, cuando al ser preguntada por el motivo por el
que seguía haciendo uso de la pensión de su madre fallecida,
contestó que “aún no había asumido el fallecimiento de su madre”
y por lo tanto consideraba que todavía le correspondía el cobro
legal de dicha pensión.
Colaboración
con las entidades bancarias
La
Orden de 22 de febrero de 1996, para la aplicación y desarrollo del
Reglamento General de la Gestión Financiera de la Seguridad Social,
aprobado por el Real Decreto 1391/1995, de 4 de agosto, hace
responsable a la entidad financiera de la devolución a la Tesorería
General de la Seguridad Social de las mensualidades abonadas
correspondientes al mes o meses siguientes al de la fecha de
extinción, por fallecimiento, del derecho a la prestación de que se
trate.
Todas
las mensualidades abonadas con posterioridad al fallecimiento del
titular de la prestación se han reclamado a las entidades
financieras donde tenían aperturadas las cuentas del titular
fallecido, mostrando éstas a lo largo de las presentes actuaciones
su estrecha colaboración, dando como resultado la recuperación de
un elevado porcentaje de los fondos abonados tras el fallecimiento
del titular. La cuantía retrocedida, y por lo tanto recuperada para
las arcas del Estado, ha supuesto un monto total aproximado de un
millón de euros.
La
actualidad en el INSS
En
los últimos diez años ha tenido lugar un proceso de avances
tecnológicos sin precedentes, en los que el desarrollo de las nuevas
tecnologías ha permitido lograr una interconexión y comunicación
telemática entre Administraciones muy avanzada. Estos avances han
permitido la implantación de diversos controles de la fe de vida de
los beneficiarios de prestaciones periódicas, haciendo uso de los
sistemas de interrelación telemática entre Administraciones. De
este modo, existen diversos procedimientos automatizados -algunos de
ellos con periodicidad diaria- a través de los cuales se accede a
una serie de fuentes con la finalidad de cruzar las bases de datos de
titulares con bases de datos en la que constan defunciones y otras
.eventualidades.
Todas
las comprobaciones descritas anteriormente son automáticas y muchas
de ellas se producen en tiempo prácticamente real, habiéndose
logrado grandes avances en el control de la pervivencia de los
beneficiarios de prestaciones del Sistema de Seguridad Social, lo
cual hace cada vez más difícil a los defraudadores conseguir el
cobro indebido de prestaciones.
Actuantes
Las
investigaciones han sido desarrolladas por agentes de la Sección de
Investigación de la Seguridad Social de la Brigada de Delincuencia
Económica y Fiscal incardinada en la Unidad de Delincuencia
Económica y Fiscal de la Comisaría General de la Policía Judicial
– Policía Nacional, en colaboración con las Jefaturas Superiores
de Andalucía Occidental y Oriental, Canarias, Cataluña, Galicia,
Madrid, Valencia.
En
las investigaciones también se ha contado con la colaboración
especial de la Tesorería General de la Seguridad Social y el
Instituto Nacional de la Seguridad Social.
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