Agentes de la Policía
Nacional han
desarrollado en la Comunidad de Valencia una operación contra el fraude a la
Seguridad Social, al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y al Instituto
Nacional de la Seguridad Social (INSS). Han sido detenidas 56 personas e
investigadas otras 52 en una operación donde se han descubierto 25 empresas
ficticias que habrían defraudado a la Seguridad Social un total de 2.143.239,93
euros simulando relaciones laborales de trabajadores en diversos sectores de la
actividad laboral en la Seguridad Social. Entre los implicados se encuentran
varios empresarios, dos autorizados por el Sistema RED de la Seguridad Social y
los presuntos trabajadores que obtuvieron fraudulentamente prestaciones o
subsidios de la Administración Pública. Varios ciudadanos extranjeros regularizaron
su situación administrativa en España gracias al fraude.
De los 1.211 trabajadores investigados,
81 habían percibido casi medio millón de euros en prestaciones
Las
investigaciones comenzaron a principios del presente año al ser detectadas un importante
número de empresas sospechosas de defraudar a la Seguridad Social en la
Comunidad Autónoma Valenciana, según los informes facilitados por las Inspecciones
Provinciales de Trabajo y Seguridad Social de Valencia y Alicante. Tras
estudiar la documentación proporcionada se solicitó a la Tesorería General de
la Seguridad Social, a la Subdirección General de Prestaciones del SEPE y al
INSS la correspondiente documentación donde se pudo constatar la existencia de
varias personas dedicadas a la simulación de relaciones laborales entre las
mercantiles investigadas y los presuntos trabajadores que se habrían
beneficiado de tal situación jurídica.
En total han
sido investigados 1.211 trabajadores, de los cuales 81 habían solicitado y
percibido prestaciones económicas por importe de 484.698,16 euros del SEPE y
del INSS, siendo investigados también 25 empresarios y dos gestores
administrativos. Por su parte, las empresas inspeccionadas habrían generado una
deuda a la Seguridad Social de 1.658.541,77 euros por el impago de los seguros
sociales generados como consecuencia del alta de los presuntos trabajadores. De
los investigados no detenidos hay dos empresarios que se encuentran internos en
la prisión de Valencia y otro que reside en Francia.
Los responsables declaraban realizar una
actividad laboral inexistente
Estas empresas
denominadas “ficticias” son entidades físicas o jurídicas sin actividad laboral
real y efectiva, siendo utilizadas de forma instrumental para simular negocios
jurídicos y contrataciones de supuestos trabajadores a los que, a cambio de diferentes
cantidades de dinero, daban de alta en la Seguridad Social. Por su parte los
responsables de las mercantiles investigadas declaraban realizar una actividad
laboral, algo que en realidad no sucedía.
Entre las
empresas investigadas hay varias formadas por personal de nacionalidad
ucraniana, búlgara y rusa que las creaban para darse de alta en la Seguridad
Social, unos como trabajadores y otros como empresarios. En otras, los
trabajadores pasaban a ser administradores y viceversa, pagando regularmente
las cuotas generadas por los seguros sociales de los presuntos trabajadores con
el fin de no ser descubiertos a la vez que dificultaban las labores de
investigación de los organismos dedicados a detectar el fraude.
A pesar de pagar
las cuotas por lo seguros sociales, las cantidades percibidas por las
prestaciones recibidas eran muy superiores al gasto originado, pues solicitaban
prestaciones por desempleo, subsidios, maternidad, paternidad, incapacidad
temporal, pensiones de jubilación, etc.
Las pensiones de jubilación aumentaban
de 21,78 euros a 391,35 euros tras las gestiones fraudulentas
Respecto a la
pensión de jubilación, había personas que -aprovechándose de los acuerdos
bilaterales internacionales- pasaban a ser titulares de una pensión de 391,35 euros
con revalorización anual cuando en realidad les hubiese correspondido una por
valor de 21,78 euros. Este aumento se debió a que aportaron el informe de vida
laboral de su país y también justificaron un año de alta como trabajadores en
una empresa radicada en España -que posteriormente han sido declaradas
ficticias-. Además, regresaban a su país de origen, por lo que no han podido localizarse en España.
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