Agentes
de la Policía Nacional han detenido a 188 personas por delitos de
falsedad documental y fraude a la Seguridad Social, cometidos a
través de un entramado de empresas ficticias, compuesto por once
sociedades interrelacionadas, que habrían dado de alta
fraudulentamente a 821 supuestos trabajadores. Éstos, a su vez,
habrían aprovechado dicha circunstancia para tramitar permisos de
residencia y regularizar su situación en nuestro país en el caso de
los ciudadanos extranjeros -162 casos detectados-, y para cobrar
distintas prestaciones y subsidios indebidamente por valor de más de
tres millones y medio de euros. La cantidad total defraudada asciende
a casi seis millones de euros.
La
investigación se inició con un informe emitido por la Inspección
Provincial de Trabajo de Barcelona en el que comunicaban ciertas
irregularidades detectadas tras una inspección llevada a cabo en una
empresa con sede social en dicha ciudad.
La
empresa estaba interrelacionada a su vez con otras diez sociedades
mercantiles que, según se desprendía del mencionado informe, eran
ficticias. Estas habían sido creadas para ser utilizadas de forma
instrumental con el fin de permitir el acceso indebido a
autorizaciones de residencia y trabajo por ciudadanos extranjeros, y
al disfrute de prestaciones públicas mediante la simulación de
contrataciones laborales.
188
detenidos en trece provincias distintas
Con
toda la información anterior, agentes de la Policía Nacional
procedieron a la detención de 66 personas en la provincia de
Barcelona, así como a la incautación de importante documentación
de la que se derivó la existencia de personas implicadas en otras
provincias.
Una
vez ampliada la investigación, los agentes procedieron a la
detención de otros 57 implicados más en la provincia de Jaén,
cinco en Sevilla, dos en Cádiz, dos en Granada, uno en Palma de
Mallorca, uno más en Barcelona, uno en Gerona, 24 en Ciudad Real,
uno en Toledo, dos en Valladolid, 16 en Badajoz, cuatro en Cáceres,
dos en Murcia y cuatro en Alicante. En total el número de detenidos
asciende a 188, entre los que se encuentran los tres principales
responsables del entramado.
La
operación se ha desarrollado en el ámbito del Convenio de
colaboración entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el
Ministerio del Interior sobre coordinación de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, en materia de lucha contra el empleo irregular y el fraude a
la Seguridad Social, con la colaboración de la Inspección
Provincial de Trabajo de Barcelona.
Más
de 800 altas fraudulentas y casi 6 millones defraudados
Las
actuaciones realizadas por la Tesorería General de la Seguridad
Social ponen de manifiesto que el entramado de empresas desarticulado
habría dado de alta fraudulentamente a un total de 821 trabajadores,
de los cuales casi 300 habrían cobrado prestaciones y subsidios de
forma indebida por un valor superior a 3.500.000 euros.
Además,
las supuestas contrataciones habrían servido de base para la
tramitación de 162 permisos de residencia y la consiguiente
regularización de la situación administrativa de otros tantos
ciudadanos extranjeros en España.
Si
a la cantidad cobrada ilegalmente por los supuestos trabajadores, le
sumamos las cuotas impagadas por las empresas a la Seguridad Social
por los trabajadores supuestamente contratados, el fraude total
asciende a casi 6 millones de euros.
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