La Ribera recibirá 5,8 millones de euros del renovado Plan de Servicios de Obras Municipales

Las comarcas de la Ribera Alta y la Ribera Baixa recibirán un total de 5.796.340 euros en concepto del renovado Plan de Servicios y Obras Municipales (SOM) –antes llamado PPOS– de la Diputación de Valencia, el cual fue presentado la pasada semana por parte de la corporación provincial con modificaciones encaminadas a agilizar la concesión de las subvenciones y simplificar los procedimientos de aprobación de las obras. El programa también implementa una nueva fórmula para el reparto de las ayudas, en la que se acentúan los criterios sociales –la tasa de paro, por ejemplo– o medioambientales, como el Pacto de Alcaldías.

La vicepresidenta de la Diputación, Maria Josep Amigó, ha recalcado que en esta legislatura, «nuestro propósito es trabajar codo con codo con los ayuntamientos y que toda la ciudadanía disponga de los mismos derechos y servicios», ha explicado. En palabras de la vicepresidenta, la principal línea de actuación del plan es la autonomía financiera de los municipios. «Queremos compensar la infrafinanciación de los valencianos y las valencianas», ha señalado. Para ello, la Diputación «hace un esfuerzo muy grande para mantener la autonomía financiera de nuestros municipios, porque quién mejor que nuestros alcaldes y corporaciones municipales para determinar las necesidades que acredita su localidad».

«Estamos contentos del trabajo hecho, pero no bajamos la guardia. Los municipios nos hacen propuestas de mejora», ha resaltado el diputado de Cooperación Municipal, Emili Altur. La más significativa de ellas es el ahorro de un acuerdo plenario en el ayuntamiento o mancomunidad, medida que evitará aproximadamente un mes de demora a la hora de justificar las ayudas. Anteriormente, se requería una votación por mayoría absoluta para aceptar la contratación de los trabajos, y hasta ese momento no era posible disponer de la consignación presupuestaria.

Asimismo, la Diputación mantiene un único plazo para justificar la ejecución de las ayudas, lo que evitará las prórrogas en las adjudicaciones. «Años atrás teníamos prórrogas de 7 y 8 años, y esto no se puede asumir. Una prórroga debe ser suficiente para adecuarse a la realidad del momento», ha defendido Altur.

En concreto, los 35 municipios de la Ribera Alta percibirán un total de 4.423.631 euros. Por localidades la asignación será la siguiente: Alzira (246.606,71 euros), Algemesí (190.841,70 euros), Carcaixent (219.400,08 euros), Carlet (171.753,01 euros), Alginet (180.420,84 euros), Benifaió (167.456,20 euros), l'Alcúdia (178.910,06 euros), Alberic (160.818,01 euros), Villanueva de Castellón (142.825,78 euros), Turís (163.185,63 euros), Guadassuar (135.523,05 euros), Montserrat (142.306,34 euros), la Pobla Llarga (124.121,33 euros), Catadau (110.936,25 euros), Llombai (130.309,50 euros), Manuel (110.940,81 euros), Montroi (109.042,90 euros) , Rafelguaraf (139.248,04 euros), Real (105.875,59 euros), Benimodo (110.572,88 euros), Càrcer (103.493,55 euros), Massalavés (101.383,85 euros), Antella (99.648,15 euros), Alfarp (93.529,81 euros), Alcàntera del Xúquer (95.648,11 euros), Sumacàrcer (84.614,13 euros), Gavarda (97.573,03 euros), Tous (127.415,66 euros), Senyera (94.322,44 euros), l'Ènova (76.916,75 euros), Beneixida (82.065,31 euros), Benimuslem (95.844,84 euros), Sellent (69.523,27 euros), Sant Joan de l'Ènova (82.448,89 euros) y Cotes (74.124,47 euros).

Mientras que los 12 municipios de la Ribera Baixa dispondrán de un total de 1.372.709 euros. La asignación por localidades es la siguiente: Albalat de la Ribera (126.772,74 euros), Almussafes (142.101,74 euros), Benicull (105.852,75 euros), Corbera (123.368,74 euros), Cullera (225.443,03 euros), Favara (113.626,49 euros), Fortaleny (95.939,38 euros), Llaurí (99.812,56 euros), Polinyà del Xúquer (113.504,46 euros), Riola (101.235,91 euros), Sollana (143.720,24 euros ) y Sueca (206.690,18 euros).

Nuevos criterios de distribución de las ayudas

La inversión de la Corporación provincial a través de este plan será de 33 millones de euros para los ayuntamientos y un millón de euros para las mancomunidades. Además, se aportará un millón de euros adicional destinado al pago de los honorarios de la redacción de proyectos.

La mayor cantidad contempla un 34 por ciento de valor marginal, cuantía fija a la que tienen derecho todos los municipios. También se han considerado las características de la población, destinando un 30 por ciento de la ayuda en función del número de habitantes; y un 10 por ciento de la superficie del término municipal. Además, se han tenido en cuenta nuevos criterios sociales como la tasa de paro, de la que dependerá un 10 por ciento de las aportaciones.

Por otra parte, aquellos ayuntamientos que dispongan de núcleos de población separados del término municipal tendrán derecho a un 4 por ciento adicional. Y otra de las novedades de la partida atiende al Pacto de Alcaldías, cuya cifra se ha incrementado; los consistorios adheridos al proyecto, basado en acometer actuaciones para combatir el cambio climático, podrán beneficiarse de un tres por ciento de la ayuda.