Granjas del sector porcino.
LA
UNIÓ de Llauradors i Ramaders cuestiona el posicionamiento de la
consellera de Agricultura, Elena Cebrián, referente a la
problemática sobre las licencias para granjas y considera que “elude
sus responsabilidades” en un asunto de gran importancia social y
económica para las zonas rurales de la Comunitat Valenciana.
Ramón
Mampel, secretario general de LA UNIÓ, indica que han trasladado
este problema ya directamente a la consellera y a su equipo varias
veces, y es muy claro al respecto: “O la consellera Elena Cebrián
desconoce la realidad del mundo rural valenciano o alguien le está
asesorando mal porque dice cosas que no son ciertas y se llenan la
boca de una agenda antidespoblamiento, pero olvidan que las granjas
generan rentas en muchos municipios de zonas económicamente
deprimidas en las que cada vez es más difícil que sus habitantes
permanezcan”.
Mampel
indica que lo cierto es que “entre unas cosas y otras los ganaderos
de la Comunitat Valenciana que desean abrir o ampliar una granja
tienen cada vez más trabas burocráticas para ejercer la actividad y
los trámites son eternos -hasta cuatro años en algunos casos-,
situación que contrasta con la actitud diligente de otras
comunidades autónomas donde facilitan la actividad”.
El
problema donde se bloquean los expedientes, tanto de apertura como
ampliación o regularización administrativa de granjas ya en
funcionamiento, proviene de la exigente normativa en la Comunitat
Valenciana para lograr el informe de impacto ambiental. Por ejemplo,
en comunidades vecinas como Aragón, Cataluña o Castilla la Mancha
se requiere el visto bueno ambiental en una granja de porcino a
partir de una capacidad de 2.000 plazas de cerdos, mientras que en la
Comunitat Valenciana es imprescindible para instalaciones de solo 400
plazas.
En
sus últimas declaraciones o en su reciente intervención en les
Corts el pasado 5 de junio la consellera califica como “enormes”
las granjas con una dimensión rentable cómo son las de más de
2.500 plazas de engorde de porcino o las de más 85.000 pollos de
engorde (que se tramitan a través de una autorización ambiental
integrada), cuando por ejemplo en las comunidades autónomas vecinas
esto ni se cuestiona mientras cumplan la legalidad vigente.
Afirma
la consellera de Agricultura que “el motivo de la necesidad de
autorización ambiental integrada es que tienen implicaciones por su
emisión de nitrógeno, cuando no es así de una forma generalizada y
depende del uso y tratamiento que se haga en cada explotación de los
subproductos (purín y gallinaza), que por cierto en la mayor parte
de casos se utiliza para hacer una fertilización orgánica en lugar
de química de acuerdo con las recomendaciones de la Unión Europea,
como responde LA UNIÓ.
Por
otra parte, el procedimiento actual legal marca que las
autorizaciones ambientales integradas se tienen que presentar en la
Conselleria, y no son los Ayuntamientos los encargados de remitirlo a
ésta, tal y como repite la consellera en sus recientes
intervenciones.
Por
otra parte, las explotaciones ganaderas que se tramitan a través de
una licencia ambiental (entre 400 y 2.500 plazas de engorde de
porcino y entre 10.000 y 85.000 plazas de pollos de engorde) también
pasan por Conselleria debido a la tramitación del estudio de impacto
ambiental y por ello la práctica totalidad de los expedientes de
legalizaciones de explotaciones ganaderas pasan por la Generalitat.
LA
UNIÓ señala que los Ayuntamientos dan la licencia ambiental, pero
necesitan el visto bueno de la Conselleria para el impacto ambiental
y por tanto la legalización no depende única y exclusivamente de
los Consistorios como afirma la consellera Cebrián en reiteradas
ocasiones, eludiendo la responsabilidad en este asunto que compete a
su departamento.
Por
otra parte, la consellera nombra también en les Corts la Ley 16/2002
que es una disposición derogada y fue sustituida por el R.D.
Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la
contaminación. LA UNIÓ no entiende como la máxima autoridad en
ganadería de la Comunitat Valenciana nombre en sesión parlamentaria
una normativa derogada hace ya dos años de un tema de tanta
importancia.
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