La concejala Teresa García. EPDA
El Ayuntamiento de Sagunto ha
recibido el borrador de resolución del expediente de ocupación de 33 hectáreas
del monte público Nº 131 propiedad municipal conocido como montaña de Romeu
(Bonilles y otros) para la explotación y posterior restauración de la cantera
de áridos “Salt del Llop” por parte de la mercantil Lafarge Cementos S.A.U.
Dicho borrador autoriza la ocupación y por tanto la actividad extractiva
durante un plazo de vigencia de 24 años y 11 meses (hasta el año 2042),
contados a partir del 1 de enero de 2018, es decir, 14 años más del plazo
máximo acordado por el ayuntamiento en el pleno del 17 de enero de 2017, que lo
fijó hasta el año 2028. De este borrador de resolución de la Dirección General
de Medio Natural y Evaluación Ambiental y del plazo para hacer alegaciones se
ha dado información a los grupos políticos en la comisión especial sobre la
montaña de Romeu que se ha reunido esta mañana.
El ayuntamiento tiene un plazo de
15 días, desde la recepción del oficio para manifestar formalmente su
conformidad o discrepancia y por ello se llevará al pleno previsiblemente el 23
de junio para su debate y votación, según ha avanzado, la concejala delegada de
Presidencia y Medio Ambiente, Teresa García, una propuesta de dictamen
desfavorable al entender que hay 12 argumentos desfavorables en contra del
pliego que regirá la ocupación del monte público. De estos, cinco son
considerados como cuestiones de estricta legalidad que han sido obviadas e
ignoradas por el órgano autonómico que tiene la competencia de decidir la
autorización. Sobre todo, se hace hincapié en lo que se considera una
consolidación material de una infracción urbanística, ya que la delimitación de
33 hectáreas “supondrán la ratificación
autonómica material, por medio de actuaciones administrativas delimitadoras de
una infracción urbanística sobre suelo no urbanizable protegido donde el uso
extractivo no está tolerado por el Plan General de Ordenación Urbana de Sagunto”.
Otra de las cuestiones legales en
que la propuesta incide son los indicios de vulneración grave de la concesión
demanial para la explotación de la cantera otorgada en 1988, declarado como un
incumplimiento muy grave por el pleno el 30 de mayo de este año.
En este sentido, la concejala
delegada de Medio Ambiente y Presidencia, Teresa García, ha declarado que: “la Conselleria está adoleciendo durante
todo el proceso de tramitación de este expediente de una dejadez que al final
está encubriendo dos irregularidades que son muy graves y siendo Conselleria la
garante del medio ambiente. Esas irregularidades son la destrucción de una
montaña pública protegida y el abuso de
una multinacional al respecto del contrato que tenía con el ayuntamiento en
relación a la extracción de la piedra en esa zona. Lo que Conselleria no puede
hacer es mirar a otra parte. Nosotros desde el minuto 1 estamos diciendo que
hay esas consideraciones de ilegalidad y en ningún momento ha entrado a hacer referencia a las mismas. De
hecho tomar una decisión que no considere esas dos irregularidades es
encubrirlas y la cCnselleria no puede ser encubridora de los abusos de una
multinacional al respecto de la explotación de un bien público protegido cómo
es la montaña pública”.
Por esos motivos, García exige a
la Conselleria de Medio Ambiente que actúe en defensa de los intereses públicos
como está haciendo el Ayuntamiento de Sagunto. “Tenemos la obligación de en aquellos lugares donde los recursos ambientales
se hayan visto agredidos de la manera que sea retornarlos a su estado original.
La conselleria está dejando de ejercer sus funciones. No entendemos por qué
está dejando desasistida a una administración que sí que está haciendo el trabajo,
técnico y jurídico de una manera ejemplar, cuando es una competencia suya.
Nosotros en este caso lo que hacemos es informar de lo que hay, pero la que
decide lo que hay es la propia conselleria. Lo que no puede hacer en ese caso
es obviarlas y si lo hace que sea consecuente con lo que hace de cara a los
tribunales. Estamos hablando de que estas irregularidades pueden desembocar en
un delito ecológico y en una prevaricación. Y son delitos muy graves como para
que la conselleria lo considere a la hora de ejercer sus competencias y adoptar
las resoluciones que correspondan”.
Para finalizar, y en clave
política, la delegada ha afirmado que: “Los
tiempos en que la Conselleria de Medio Ambiente actúe como si todavía estuviera
el PP y la señora Bonig, y los resultados de la gestión de la señora Bonig caen
todos en los tribunales tal y como Compromís per Sagunt y las entidades cívicas
de este municipio han podido demostrar, han pasado.
Si efectivamente ha habido un cambio de gobierno y se está trabajando
para dignificar las instituciones a nivel de la Generalitat Valenciana, la
conselleria no puede obviar dos requerimientos que son de legalidad, estamos
hablando de legalidad, no de oportunidad política. De cumplir la legalidad y de
tener cuidado de los recursos ambientales que hay en nuestro país y en nuestro
municipio”.
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