La jueza del "Caso IVAM" investiga si la exdirectora imputada, Consuelo Císcar -esposa del encarcelado Rafael Blasco-, favoreció a su hijo artista desde el museo

Consuelo Císcar y Rafael Blasco, una gran "famiglia". FOTO JOSÉ MARÍN

A partir de la documentación intervenida en los distintos registros llevados a cabo por los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF), la instructora ha ordenado la práctica de varias diligencias encaminadas a averiguar el patrimonio de Rafael Blasco Císcar, con nombre artístico 'Rablaci' por si se hubiera beneficiado de las supuestas irregularidades cometidas por su madre.

El hijo de la exdirectora del IVAM no tiene aún la condición de investigado (imputado según la terminología anterior a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

A este respecto, la magistrada de Instrucción 21 ha pedido información a dos empresas contratistas habituales del IVAM ante las sospechas de que el Museo hubiera costeado trabajos que realizaron para el hijo de la exdirectora, ajeno al Instituto Valenciano de Arte Moderno.

Además, la jueza ha oficiado a la Agencia Tributaria para que informe sobre los bienes inmuebles, las cuentas bancarias, los vehículos y las declaraciones de la renta de Rafael Blasco Císcar.

El resultado de estas diligencias determinará si el hijo de la exdirectora adquiere la condición investigado como posible cooperador necesario respecto a los delitos imputados a su madre o como posible autor de un delito de blanqueo de capitales.

En la causa están investigados (imputados) además de Císcar, otras cinco personas, cuatro de ellas con responsabilidades en el IVAM como subdirectores de distintas áreas por delitos de malversación, prevaricación y falsedad por los supuestos sobrecostes en la adquisición de obras de arte y en la contratación de publicaciones.

Se trata del subdirector general de Administración y Finanzas, el de Gestión Interna, el de Publicaciones y la subdirectora general Técnico Artística. Además está investigado el responsable de dos empresas con las que el IVAM suscribió contratos de transporte eludiendo, supuestamente, la normativa de contratación del sector público.