El Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia
ha declarado la complejidad de las dos piezas separadas
del “Caso Cooperación” y ha ampliado de 6 a 18 meses el plazo para investigar
al exconseller Rafael Blasco, a su equipo en la Conselleria de Inmigración y
Ciudadanía y a otras personas por presuntas irregularidades en la concesión de
ayudas a los países del Tercer Mundo.
La magistrada
estima la petición del fiscal y prorroga esta investigación por presuntos
delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude de
subvenciones, falsedad documental y cohecho.
La decisión de la
jueza se produce como consecuencia de las nuevas pruebas halladas a raíz las
diligencias practicadas desde que el caso pasó del Tribunal Superior de
Justicia a Instrucción 21, una vez que el exconseller dimitió como diputado
autonómico y dejó de estar aforado ante el Alto Tribunal.
La magistrada
considera, además, que concurren otros elementos que justifican que esta causa
sea declarada compleja. A este respecto señala que se están investigando
numerosos hechos punibles; que hay una gran cantidad de personas investigadas y
que está siendo necesaria la práctica de pruebas periciales que implican el
análisis de abundante documentación. Recuerda, igualmente, que algunas de las
diligencias se han tenido que realizar en el extranjero.
Desde que retomó la
instrucción del Caso Cooperación, la titular de instrucción 21 ha imputado a
una persona más y ha tomado declaración a 56 testigos, 22 de ellos en el marco de la pieza separada
número 2, la que investiga las subvenciones concedidas por la Conselleria a
distintas ONG’s en los años 2009, 2010 y 2011.
En esta pieza hay
23 investigados (imputados según la denominación anterior a la reforma de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal), entre los que figuran el exconseller Blaso, el
que fuera jefe de área de Solidaridad, Marc Llinares; la exsecretaria general,
Tina Sanjuán; y el empresario César Augusto Tauroni.
Esta pieza está
abierta por delitos de cohecho, malversación, prevaricación, falsedad y fraude
de subvenciones.
La pieza separada
número 3, la que investiga el desvío de fondos para la construcción de un
Hospital en Haití, se encuentra en la recta final de la instrucción, después de
que la jueza haya tomado declaración a 34 testigos desde que el TSJ devolvió la
causa.
La conclusión de
esta pieza, con 12 imputados, entre ellos, Blasco, Llinares, Sanjuán y Tauroni,
pende de un informe de la Intervención encargado por la instructora.
Blasco y su equipo
ya fueron condenados por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana a penas de prisión por comprar varios inmuebles con fondos públicos
destinados a la Cooperación y el Desarrollo.
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