Consuelo Císcar y Rafael Blasco, matrimonio corrupto. FOTO EPDA De todos los casos de corrupción, uno de los más vomitivos lo protagoniza el ex conseller en tiempos de Lerma, Zaplana y Camps, Rafael Blasco. El
Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia ha concluido la
instrucción
y ha dictado el auto de procedimiento abreviado en dos piezas separadas
del “Caso Cooperación”, en las que se investiga a 21 personas, entre
ellas, el exconseller de Inmigración y Ciudadanía de la Generalitat
Valenciana, Rafael Blasco, por presuntas irregularidades
en la concesión de subvenciones a ONG's y en la construcción de un
hospital en Haití.
El
auto notificado hoy a las partes transforma las diligencias previas
en procedimiento abreviado y deja el caso preparado para el juicio. En
la resolución, la jueza Nieves Molina, concluye que existen indicios
para juzgar a los investigados por los delitos de prevaricación,
cohecho, asociación ilícita, malversación, encubrimiento,
fraude de subvenciones, blanqueo y falsedad documental.
Entre los procesados, además del exconseller Blasco, se encuentra la anterior
cúpula de la Conselleria de Inmigración: el que fuera jefe de
área de Solidaridad, Marc Llinares; la exsecretaria
general, Tina Sanjuán; el exdirector general, José María Felip, el
empresario César Augusto Tauroni y su hermano Arturo, además de una
funcionaria de la Generalitat, trabajadores de las empresas de Tauroni,
personas vinculadas a las mercantiles que emitieron
facturas falsas y responsables de evaluar y puntuar los proyectos
solidarios que concurrían a las convocatorias para la obtención de
subvenciones.
En
la resolución, la jueza da traslado al fiscal y a las acusaciones y
abre plazo para que soliciten la apertura de juicio oral y presenten
los correspondientes escritos de acusación en los que han de concretar
los delitos que imputan a cada uno de los procesados y las penas que
solicitan para ellos.
En
este trámite, las acusaciones también pueden solicitar el
sobreseimiento de la causa si entienden que no hay pruebas para llevar a
juicio a los procesados; de manera excepcional pueden
solicitar la práctica de nuevas diligencias.
Respecto
del delito de asociación ilícita, la instructora concluye que
es “evidente” el concierto entre el exconseller Blasco, el exjefe de
área Llinares y el empresario César Augusto Tauroni, quienes ejercían
como “directores o jefes” del “grupo criminal” para poder “organizar el
entramado necesario al objeto de obtener beneficios,
repartiéndose de forma ilícita los fondos públicos”.
El
hermano de Tauroni, dos trabajadores de la Fundación Entre pueblos,
dirigida por el empresario y el administrador de las evaluadora
externa, que puntuaba los proyectos que presentaba la Fundación a los
concursos para la obtención de subvenciones, ejercían como “miembros
activos” de la trama.
En
el auto, de casi 400 folios, la magistrada explica que Tauroni, desde
su puesto de director de “facto” de la Fundación Entre Pueblos, “era
quien emitía órdenes dirigidas tanto a su hermano D. Arturo Tauroni,
como a su trabajadora de confianza Dª Maribel Castillo, o a quien
figuraba como presidente de la Fundación, D. Alfonso
Navarro”.
La
jueza añade que “prueba de lo anterior son los abundantes correos
electrónicos
que se cruzan entre ellos, en los que se refleja la subordinación de
éstos a las órdenes y decisiones de aquel, quien era consultado ante la
toma de decisiones relevantes”.
Según
recoge la resolución judicial, Tauroni estaba en contacto permanente
con el jefe de Área en la Conselleria, “pieza fundamental en la
organización dentro de la Administración, quien se encargaba de
facilitar al anterior toda la documentación e información de interés
para poder concurrir a las convocatorias públicas, y quien
a su vez, daba normas y directrices al evaluador externo, cuya
participación era necesaria para poder obtener el beneficio económico
buscado con su actividad ilícita”.
La titular de Instrucción 21 ha dictado un único auto de procedimiento
abreviado con el que cierra la instrucción de las dos piezas, que se unifican.
La instrucción, en cifras
Las
dos piezas se abrieron por presuntas irregularidades en la concesión de
ayudas a los países del Tercer Mundo. Una de ellas, por las
subvenciones concedidas a distintas ONG's en los años
2009, 2010 y 2011,y la otra, por el desvío de fondos para la
construcción de un hospital en Haití.
Tanto
la investigación por las subvenciones a las ONG's, como la pieza
por la construcción del hospital, que comenzaron a instruirse en la
Sala Civil y Penal del TSJCV, pasaron a Instrucción 21 en 2014 una vez
que el exconseller dimitió como diputado autonómico y dejó de estar
aforado ante el Alto Tribunal.
Blasco,
junto a otros miembros de su equipo, y Cesar Augusto Tauroni ya fueron
condenados por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana
a penas de prisión en la primera pieza del “Caso Cooperación”, por
comprar varios inmuebles con fondos públicos destinados a la Cooperación
y el Desarrollo.
La
causa consta de 168 tomos, integrados por 50.000 folios. A ello hay que
sumar las 24 piezas separadas con más de 40.000 folios formadas
con la documentación intervenida en las entradas y registros. Durante
la instrucción, que arrancó en 2011, la jueza ha revisado más de 35.000
correos electrónicos que han dado lugar a la formación de 15 tomos más.
Se ha analizado, igualmente, el contenido
de los 75 dispositivos informáticos intervenidos, con miles de archivos
que ocupan más de 5 teras.
Piezas 4 y 5
Instrucción 21 mantiene abierta la investigación de otras dos piezas del “Caso Cooperación”. Una de ellas, relacionada con
las irregularidades
en la contratación de los servicios informáticos de los años 2008, 2009, 2010
y 2011, por parte de la Conselleria de Inmigración y Ciudadanía.
La segunda pieza investiga si Tauroni
utilizó un ordenador de la cárcel de Picassent, donde estaba preso
tras la condena por la primera pieza, para realizar operaciones encaminadas a ocultar su patrimonio.
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