Este sitio web utiliza cookies, además de servir para obtener datos estadísticos de la navegación de sus
usuarios y mejorar su experiencia de como usuario. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su
uso.
Puedes cambiar la configuración u obtener más información en nuestra política de cookies pulsando aquí.
La justicia se niega a pagar los desperfectos de un desahucio erróneo en Domeño
Un error en la dirección dejó la puerta accesible a los ladrones
0
REDACCIÓN - 12/04/2017
Enrique Luján lleva un año tratando de que se le paguen los daños y desperfectos causados en su segunda residencia de Domeño tras haberle cambiado la justicia la cerradura de su casa al confundirse de dirección cuando practicaban un desahucio.
La pesadilla de Luján comenzó en abril de 2016 se encontró, siempre según su versión de los hechos, que la cerradura tenía desperfectos. Al entrar en la vivienda echaron en falta varios utensilios de jardinería, así como de la casa, pero lo más extraño fue que encontraron un folio en el suelo en el que se informaba que se había procedido a cambiar la cerradura en febrero de ese mismo año por un mandato judicial. Tras informar a la Guardia Civil de la situación los agentes del instituto armado les indicaron que debían presentar una reclamación judicial sobre el hecho. Así empezó un proceso judicial en el que Luján ha conseguido que se le reconozca el error y se le restituya la propiedad, pero no que la justicia se haga cargo del perjuicio sufrido por el robo y la pérdida de la vivienda.
Según la reconstrucción de los hechos realizada por la abogada de Luján, el problema es que al tratarse de una casa antigua no existe posibilidad de cambiar la cerradura sin cambiar la puerta, y el marco entero así que la solución que se puso tras el lanzamiento de la vivienda no cerraba bien y ese hecho fue aprovechado por alguien para robar en la propiedad.
Sin embargo desde la juisticia se considera que la familia de Luján no ha podido acreditar el daño causado al no presentar facturas de los enseres sustraídos,aunque desde la defensa legal se sostiene que es imposible que nadie espere que la familia disponga en su casa de las facturas de productos que se adquirieron hace 10 años. La familia valora en 10.000 euros los daños causados.