Juan Vicente Pérez. En estos momentos de dificultades, en los que la sociedad cuestiona todo
aquello que por activa o por pasiva considera corresponsable de la grave
crisis que no ha azotado y de la que todavía quedan importantes
secuelas, la arquitectura institucional no se libra tampoco del
veredicto popular. Aún a pesar de las medidas regeneracionistas que
tanto el Gobierno central como el autonómico están disponiendo para
mitigar ese malestar ciudadano, la crítica fácil y superficial necesita
de cierta pedagogía para contrarrestar esa sensación que, a veces, las
medias verdades trasladan a la sociedad.
Es el caso de la Diputaciones Provinciales, las grandes desconocidas
cuya ingente labor nos ha acompañado desde su nacimiento en su recorrido
por la Historia. Fruto del movimiento Ilustrado, sus orígenes y
evolución rompen con cualquier estereotipo vacuo de los progres de
turno. La Constitución de 1812 encarga el régimen económico de la nueva
organización territorial a las Diputaciones. La nuestra, la Diputación
Provincial de Valencia, se constituye el 14 de enero de 1813 en la
ciudad de Alicante al estar la ciudad de Valencia ocupada por el francés
hasta su salida el 5 de julio de 1813, iniciándose las sesiones a partir
del 6 de octubre.
Las vicisitudes políticas del s. XIX marcaron el devenir de la
Institución tanto en sus competencias como en su ámbito geográfico, que
pasó del Decreto de 27 de enero de 1822 por el que se establecían cuatro
provincias en el Antiguo Reino de Valencia, Alicante, Valencia,
Castellón y Xátiva, hasta el 30 de noviembre de 1833 en que se suprime
la demarcación provincial de la capital de la Costera.
Con un papel protagonista en nuestra Historia, la Diputación ha ido
desempeñando una labor de apoyo fundamental en el desarrollo de nuestros
municipios en los que la Corporación provincial ha sido promotora de
proyectos de toda índole hasta que la Ley 7/1985, en su Título III vino
a definir la nueva organización y competencias dentro del marco
Constitucional de 1978. Con el paso de los años, esa labor muchas veces
incomprendida por desconocida para la mayoría, ha ido adaptándose a los
nuevos escenarios que se han ido planteando y que ahora con la profunda
Reforma Local expresada en la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de
la Administración Local ha quedado patente.
El papel de las Diputaciones sale reforzado en beneficio de los
municipios con menos recursos, armonizando una tutela efectiva de la
Corporación que ha resultado fundamental y que con el nuevo marco
legislativo queda garantizada al restablecer los equilibrios
competenciales entre los distintos niveles de la Administración. Sin
lugar a dudas, la Diputación va a seguir haciendo honor a su sobrenombre
de Ayuntamiento de Ayuntamientos, desarrollando toda una acción
cooperativa con nuestros municipios.
En nuestra comarca, en el año 2013, la Diputación invirtió más de 30
millones de euros a través de los distintos Programas y Planes que pone
a disposición de todos los Ayuntamientos, independientemente del color
político. Por ello la Corporación Provincial juega un papel decisivo en
estos momentos de dificultades económicas para la Generalitat, inmersa
en una batalla decisiva por lograr esa financiación justa basada en las
personas y no en los territorios.
Hablemos pues con propiedad. No desvirtuemos el papel vertebrador que
juega una Institución con una labor de coordinación territorial, auxilio
a los pequeños y medianos municipios, prestación de servicios de primera
necesidad que no podrían prestar muchos municipios por sí solos, e
impulso de actuaciones complementarias en temas de competencia
municipal, mejorando la gestión local dentro del proceso de
descentralización y bajo el principio de subsidiariedad.
Desde el Partido Popular consideramos que nuestros esfuerzos deben ir
encaminados a conseguir una racionalización de las competencias
asignadas a cada nivel administrativo y acompañado todo ello de un
ejercicio amplio de austeridad, con eliminación de duplicidades y de
órganos innecesarios, con el objetivo de aumentar la eficacia,
eficiencia y economía en la gestión de los recursos públicos. Porque no
podemos olvidar que cualquier acción política debe ir orientada a
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos con independencia del lugar
de residencia que hayan elegido.
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