Guillermo Sampedro.
Desde esta semana, somos un poco menos
libres. Tampoco es que antes lo fuéramos mucho, pero, eso sí, ahora
mucho menos, tras la entrada en vigor el pasado miércoles de la ley
más represiva desde 1978, la polémica Ley Mordaza o Ley de
Seguridad Ciudadana. Una nueva legislación que afecta gravemente (y
limita) derechos fundamentales y que, además, permite que lo que
antes era controlado por los juzgados, ahora pase a ser controlado
por la Administración. Unos tramos de multas, que van desde los 100
euros hasta los 600.000 euros, sin tribunales de por medio, y con el
único criterio del consejo del policía de turno. Es decir, mano
dura con palos económicos, que duelen más que los de la porra, y el
miedo como arma política.
Estos intentos de amordazar la
protesta son una vuelta de tuerca más a la represión y al acoso a
movimientos sociales, políticos y sindicales incómodos y molestos
que luchan por los derechos de las personas. Movimientos como el 15M,
la PAH, sindicatos de clase, partidos de izquierda o simplemente
cualquier ciudadano/a que reivindique algo estarán, todavía más,
en el punto de mira.
A partir de ahora, se penaliza (aún
más) la protesta, tanto participar como difundirla. Un tuit te
condena, igual que un retuit. Todo ello se completa con la
prohibición de grabar policías, participar en frenar un desahucio,
ocupar espacios públicos, hacer deporte en la calle, pasando por la
creación de listas negras y la más pura arbitrariedad de una
sanción y de su cuantía sin pasar por el filtro de un juez. También
serán sancionadas las protestas que hasta ahora venían haciendo ONG
como Greenpeace, la resistencia pacífica, las sentadas, o
manifestarse ante un parlamento. La policía y la administración
ganan fuerza y los tribunales la pierden.
En resumen, que tu bolsillo tiemble si
un policía te dice que estás perturbando la seguridad ciudadana.
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