Pie de foto Los
municipios de menos de 10.000 habitantes han visto multiplicada por
cuatro la aportación de la Diputació de València para servicios
sociales básicos en apenas 3 años. En 2015, la corporación
destinaba 3.950.000 euros a 187 ayuntamientos y entes locales,
mientras que en 2018 el área de Inclusión Social ha gestionado una
partida de 12.252.558 euros para garantizar estos servicios básicos
a 215 municipios. Del 0,87% del presupuesto total de la Diputació en
2015 se ha pasado a destinar a servicios sociales un 2,59% de dicho
presupuesto en el presente ejercicio.
Con
la base de un modelo centrado en la prevención y la justicia social,
los consistorios han visto incrementadas las ayudas para pobreza
energética, atención a domicilio, inserción y emergencia social.
Una inversión en servicios sociales básicos que no ha dejado de
crecer a lo largo de la presente legislatura, con el objetivo de
construir una atención social primaria digna, que vertebre el
territorio y esté dotada económicamente para dar respuesta, sin
discriminación, a las necesidades de las personas.
En
esta línea se han expresado el presidente de la Diputació de
València, Toni Gaspar, y la responsable de Inclusión Social,
Teatros y Memoria Histórica, Rosa Pérez Garijo, ante decenas de
alcaldes y alcaldesas y responsables de servicios sociales locales,
analizando el modelo de la Diputació junto a los técnicos de la
corporación, que están a disposición de los ayuntamientos para
resolver las dudas que puedan surgir en la tramitación y gestión de
las ayudas.
El
presidente y la diputada han coincidido en la apuesta por seguir
incrementando esta partida social de cara al presupuesto de 2019. En
palabras de Rosa Pérez Garijo, “los servicios sociales no pueden
funcionar si no disponen de los medios humanos que toca, así como de
un respaldo administrativo que libere a los profesionales de ocuparse
de la parte burocrática”.
La
titular de Inclusión Social ha destacado el trabajo de los
ayuntamientos en esta materia, y ha puesto como ejemplo las
solicitudes de dependencia, que “en los municipios de menos de
10.000 habitantes se solventan en el 100% de los casos”. Rosa Pérez
Garijo ha recordado a técnicos y responsables locales que el pasado
año la Diputació se comprometió a implantar la asistencia jurídica
en este ámbito de los servicios sociales, a petición de los propios
ayuntamientos, y lo ha cumplido.
Asistencia
jurídica
Como
novedad en el actual ejercicio destaca precisamente el asesoramiento
jurídico a los ayuntamientos y mancomunidades de más de 5.000
habitantes, con subvenciones para contratar a un abogado o abogada
con el fin de orientar en el ámbito jurídico a estos entes locales
en materia de asistencia social.
Otro
de los datos destacados en la gestión de estos servicios sociales en
los últimos 3 años es la disminución del ratio en la atención
profesional, pasando de un trabajador por cada 5.400 habitantes en
2015 a un trabajador por cada 2.091 habitantes en 2018. También han
mejorado considerablemente en este período el soporte administrativo
y las ayudas para la movilidad, que al inicio de la legislatura no
existían para entes locales y actualmente alcanzan a 26 de estos
entes, que interactúan con 157 ayuntamientos.
Los
alcaldes y alcaldesas y los trabajadores sociales y concejales de
Bienestar han intercambiado experiencias con los responsables de la
Diputació, que han tomado nota de los problemas que surgen en los
municipios en la gestión de los servicios sociales y las necesidades
de los usuarios. En Navarrés, por ejemplo, proponen la puesta en
marcha de un sistema de búsqueda de personas para evitar
desapariciones y ayudar a las familias en casos de Alzheimer o
demencia senil. Otros consistorios expresan sus dificultades para
disponer de trabajadores sociales, lo que, en opinión de Rosa Pérez
Garijo, podría resolverse con una bolsa común de profesionales a la
que pudieran acceder todos los ayuntamientos.
Comparte la noticia
Categorías de la noticia