José Antonio Sancho. EPDA
El Boletín Oficial del Estado
(BOE) publicó en marzo los primeros once indultos de 2017,
seis de los cuales corresponden a funcionarios del Ayuntamiento
de Rota que fueron condenados a diversas penas de prisión por haber prevaricado.
Esta decisión del gobierno de
Mariano Rajoy de otorgar la medida de gracia a personas condenadas por delitos
de corrupción –no exenta de polémica- abre una puerta a que tanto el
exsecretario de Canet d’En Berenguer, José Antonio Sancho Sempere, como la
exalcaldesa de La Pobla de Farnals, Natividad García, logren su objetivo de no
pisar la cárcel.
Cabe
recordar que la Audiencia Provincial de Valencia acordó recientemente la
suspensión la ejecución de la pena de prisión impuesta Sancho Sempere hasta que
el Gobierno resuelva la petición de indulto planteada por el condenado. Sancho
Sempere está condeando a dos años de prisión por un delito de cohecho y deberá
abonar una multa de 7.800 euros. La sentencia fue confirmada por el Tribunal
Supremo a finales del pasado año.
En idénticas
circunstancias se encuentra Natividad García, condenada a dos años de cárcel
por cohecho en la misma causa, cuyo ingreso en prisión se ha pospuesto a la
espera de que se resuelva su petición de indulto al gobierno de Rajoy.
En febrero
de este año, el Congreso de los Diputados dio el primer paso para prohibir la
concesión del indulto a los condenados por delitos de corrupción y violencia
machista, una vez que todos los grupos apoyaran tramitar una proposición de ley
del PSOE que pide reformar la norma que regula el derecho de gracia, que data
de 1870. El propio ministro de Justicia, Rafael Catalá, ya anunció en diciembre
su intención de prohibir los indultos a los condenados por corrupción. Aún así
los indultos por este tipo de delitos continúan siendo una realidad.
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