El cierre de la
planta de Bosal en el municipio de Sagunto va a acabar en los
juzgados con una querella criminal. Y es que los 206 trabajadores de
la fábrica han decidido presentar una querella criminal contra el
grupo, ante el temor de que la empresa no cumpla con sus obligaciones
de pagar a los afectados las indemnizaciones por despido.
Así se acordó
en la última asamblea que los trabajadores celebraron en el
municipio, y en la que se informó también del contenido del
expediente del administrador concursal que ya se ha entregado en el
juzgado. Según el presidente del Comité de Empresa de Bosal
Sagunto, Amtonio González, el informe dictamina que “presuntamente
no hay causas para ir a la liquidación de la empresa”. No
obstante, será el juez el que dicte la correspondiente resolución.
En la actualidad,
los 206 trabajadores de la planta de Bosal en el municipio se
encuentran en un Expediente de Suspensión de Empleo, y han
protagonizado numerosos actos reivindicativos para evitar el cierre
de la fábrica. Aunque “si la empresa quiere marcharse, cerrará y
se irá pese a que resulte rentable”, matiza González.
Por lo que ahora
pelean los afectados es por sus derechos y que la empresa “nos
pague las indemnizaciones”. “Ahora se abre un período para
negociar el tipo de despido y ver cómo se liquida la empresa”,
apunta el presidente del Comité de Empresa.
Por
otra parte, el portavoz del Grupo Municipal Socialista del
Ayuntamiento de Sagunto, Paco Crispín, ha solicitado una reunión
con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, para recibir a una
representación del Comité de Empresa y al propio Crispín. El
objetivo es que la Generalitat Valenciana ayude y apoye a los
trabajadores afectados por el previsible cierre de la planta
saguntina.
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