Los vecinos de Romeu han manifestado que "ante la fuerte presión ejercida por la multinacional cementera
Lafarge sobre el Ayuntamiento de Sagunt y la Generalitat Valenciana
para intentar imponer sus intereses económicos sobre el interés
general y la legalidad, esperamos y exigimos al Ayuntamiento de
Sagunt que sea firme en su obligación de ajustarse a la legalidad,
de defender el interés general y de intentar la conciliación de
todos los intereses sin ceder al chantaje del supuesto lucro cesante
y de la amenaza del cierre de Lafarge y despido de sus trabajadores,
cuando no sabemos las verdaderas intenciones de la empresa, ya que
parece que sigue sin buscar alternativas extractivas legales y
aceptables desde el punto de vista social y medioambiental para
cuando caduque su ocupación de la actual cantera del Salt del Llop
en 2018".
"En caso que el Ayuntamiento de Sagunt o la Conselleria de Medio Ambiente aprobaran ampliar la actividad de la cantera del Salt de Llop
de Romeu más allá de 2017 no dudaremos en llevarles ante la
justicia en defensa de nuestros derechos ciudadanos y de la
legalidad. Porque ante todo debe primar el derecho a la salud, a la
seguridad y a la calidad de vida de las personas, y también los
valores medioambientales, frente a los intereses económicos de una
empresa. La nueva Ley de Ordenación del Territorio (LOTUP) es muy
clara, y toda nueva autorización de ocupación minera del Salt del
Llop debería cumplir el estar a más de 500 metros de usos
residenciales, cosa que es incompatible con la prolongación de la
actividad minera de la cantera del Salt de Llop, ya que la cantera
actual se sitúa ya a escasos metros de las viviendas tras sucesivas
ampliaciones, suponiendo cada vez mayores molestias y riesgos sobre
las personas y viviendas. Recordamos que la mayoría de viviendas se
encuentran en suelo Urbano Residencial reconocido por el PGOU de
Sagunt, cosa que obvia interesadamente el informe pagado por Lafarge
y encargado al equipo jurídico del lobby de la minería en España.
Por mucho poder mediático, y por mucho dinero que tenga Lafarge para
pagar abogados e informes interesados, los vecinos no podemos
competir económicamente con Lafarge, pero hemos ganado la única
sentencia existente hasta el momento sobre el asunto, confirmando que
la denegación de la Declaración de Interés Comunitario (DIC) para
ampliar la cantera del Salt del Llop sobre la montaña de Romeu fue
correcta y legal, y que se encuentra vigente dicha denegación".
"El “conflicto” creado por Lafarge al no buscar alternativas
extractivas legales y aceptables social y ambientalmente, y del cuál
también son corresponsables los anteriores gobiernos municipales al
no hacer nada y no obligar a Lafarge a buscar otras alternativas para
el abastecimiento de la fábrica de cemento debería estar resuelto
hace ya muchos años, y sólo puede resolverse desde la conciliación
de TODOS los intereses y desde la legalidad. Esperamos que el
gobierno municipal así lo haga, o de lo contrario nos veremos
obligados a acudir a la justicia de nuevo, porque después de más de
50 años de sufrimiento que ha ido incrementándose con el tiempo
decimos basta ya".
Por otro lado, "exigimos estar presentes y representados en
cualquier reunión de negociación o comisión al respecto que se
lleve a cabo, al igual que está representado Lafarge, porque
nosotros también somos afectados por la actividad de Lafarge y
tenemos derecho a defender nuestros intereses de salud, seguridad y
calidad de vida, y más aún tratándose de un monte de Utilidad
Pública como el de Romeu-Bonilles que es el pulmón verde del
municipio".
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