Marzá recurre el auto del Supremo que devuelve el concierto de Bachillerato a dos colegios

La Generalitat no comparte los motivos de la resolución de la sala 4 del TSJCV con respecto a conceder de forma cautelar el concierto de Bachillerato de los centros La Purísima-Franciscanas de València e Institución Cultural Domus de Godella.

La Generalitat acata la resolución de la sala 4 del tribunal, pero, como no comparte esta decisión y no es firme, presentará un recurso de casación al Tribunal Supremo.

La Generalitat velará para que se asegure que los centros La Purísima de València e Institución Cultural Domus de Godella abonan la cantidad económica estipulada por el tribunal que les permitiría tener los conciertos en Bachillerato.

Esta cantidad se estima aproximadamente en 1'1 millones de euros, de los cuales más de 539.000 son del centro La Puríssima de València y más de 545.000 del centro Institución Cultural Domus de Godella. Eso es el que cuesta a los valencianos y valencianas la existencia de estos conciertos no necesarios, que duplicarían los recursos económicos invertidos por la Generalitat, ya que la oferta de escolarización a sus zonas está cubierta con los centros públicos y concertados a que aseguran ya un servicio educativo suficiente.

La Generalidad no está en contra de los centros educativos concertados, estos son necesarios siempre que la red educativa pública no cubra las necesidades de escolarización. Es por eso que la Administración tiene concertado un 20% del enseñanza no obligatorio como el Bachillerato.

En este sentido, la Generalitat, allá donde hay que concertar, pone todos los recursos necesarios a los centros privados concertados para garantizar la calidad educativa que se merecen nuestros niños y niñas. Es por ello, también, que estos centros automáticamente pasan a ser tratados por la Administración como los centros públicos, ya que la máxima prioridad es asegurar al alumnado valenciano la educación de calidad que se merece. Prueba de eso es que, con la actual Conselleria, el profesorado de los centros concertados ha cobrado los retrasos en nóminas que no recibía de la antigua Administración, se han abierto para el próximo curso muchas más unidades de Educación Especial en estos centros y tienen muchos más recursos para la mejora educativa, entre otros.

Los conciertos de Bachillerato finalizaran a principios de 2017, por tanto la Generalitat no ha eliminado ningún concierto de Bachillerato ya que los conciertos ya no estaban en vigor. La Administración abrió un período para concertar aquellos servicios educativos no obligatorios que son necesarios de acuerdo con la planificación educativa y la aplicación de los criterios de eficiencia y sostenibilidad de los recursos públicos, evitando la duplicidad de recursos invertidos en un mismo servicio.

Fruto de este proceso de concertación al que se han presentado decenas de centros educativos privados, se han ordenado todas las solicitudes en virtud de los criterios reglamentariamente establecidos al Decreto 6/2017 y en la normativa básica estatal. Los centros que han obtenido una mayor baremación son los que se ha concedido el concierto, y aquellos que han quedado en las últimas posiciones, como el Institución Cultural Domus o La Purísima, no han sido concertados. En total se ha realizado la concertación de Bachillerato en un 86,2% de los casos de solicitudes por necesidades de escolarización.

El Consell aprobó en enero de 2017 el decreto por el que se regulan los conciertos educativos en la enseñanza. A principios de 2017 finalizaron los conciertos de los niveles no obligatorios (Bachillerato). Por primera vez, la Generalitat puso orden a arbitrariedades de concertación y una falta absoluta de criterios objetivos y transparentes que determinaron las necesidades de concertación con respecto a las necesidades reales de escolarización.

Criterios que se han seguido para concertar el 86,2% de solicitudes

En caso de que el número de solicitudes de conciertos en Bachillerato sea superior al número de plazas necesarias en toda la red de centros sostenidos con fondos públicos, el decreto de conciertos da preferencia a los centros de acuerdo con los criterios siguientes, ordenados por orden de prioridad:

1. Las solicitudes por parte de las antiguas filiales, es decir, las empresas que siempre han estado concertadas históricamente antes de que hubiera un sistema público educativo generalizado. Son las que antes de que se generalizaran los conciertos ya estaban haciendo este servicio.

2. Que se atienda a la población desfavorecida. Será la Dirección General de Política Educativa la que determinará los criterios que acrediten atender a la población desfavorecida.

3. Centros con experiencias educativas innovadoras, que serán acreditados como tales por parte de la Dirección General de Política Educativa.

4. Centros que atiendan a la población en su área de escolarización.

5. Centros que hayan contratado profesorado despedido de otros centros por la modificación o supresión del concierto de estos últimos.

Asimismo, por encima de los criterios priorizados señalados anteriormente, prevalece el criterio general marcado por la ley estatal que explicita que las cooperativas educativas tienen prioridad de concertación con respecto a las empresas que no lo son.

Es por eso que en cada distrito de una ciudad y en cada población se han establecido estos criterios para que, en caso de que se hubieran solicitado más solicitudes de concertación en Bachillerato que las necesarias, hacer una baremación para concertar los centros que reunían mayores condiciones siguiendo la orden de criterios.