Hace sólo unos pocos días
hemos asistido a la enésima protesta en contra de las políticas educativas de
los gobiernos del Estado y de la Generalitat Valenciana. Primero han sido los
estudiantes quienes han manifestado su disconformidad y su indignación ante
las propuestas de la nueva Ley para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE)
y ante los modos en que el ministro Wert ha decidido implantarla al margen de
todos los estamentos de la comunidad, con su ya habitual talante despótico. Les
han seguido las familias de discapacitados y la sociedad en general el sábado
9.
No ha sido la primera
muestra de disconformidad y, me temo, no será la última porque hay motivos más
que suficientes para la irritación: en poco más de un año de gobierno se han
tomado más medidas en contra de la escuela pública y de lo que ésta
representa, que en toda la democracia. Justificándose en la situación de
crisis, el gobierno del Partido Popular (el de allí y el de aquí) ha
aprovechado para emprender reformas de carácter ideológico ultraconservador con
el claro objetivo de deteriorar la imagen de la escuela pública, la de todos,
la que nos atiende a todos, la que pagamos entre todos, para en un futuro
inmediato convertirla en un elemento residual y marginal de un sistema
educativo derivado hacia lo privado y lo concertado.
Se han empleado a fondo:
han reducido drásticamednte los presupuestos, el dinero para el mantenimiento
de los centros llega tarde, se han reducido las cantidades globales en becas de
comedor y libros, se ha dejado de subvencionar programas educativos de
compensación de las desigualdades, se ha minimizado la formación del
profesorado, se ha dilatado hasta el límite la incorporación del profesorado
interino y la substitución por enfermedad, seguimos teniendo centros en
barracones como sucede en nuestro municipio con la Educación Infantil del CEIP
Villar Palasí…Y ahora nos anuncia el gobierno de la Generalitat otro nuevo
recorte con la supresión de más de cuatrocientos puestos de profesorado de
infantil y primaria.
Se equivocan. Este país no
necesita una ley segregadora, que contrapone calidad a equidad, que impedirá
que muchos que hoy pueden tener acceso a estudios superiores vean obstaculizado
ese camino, que aumentará la fractura social en lugar de aminorarla, que
concibe al indivíduo como un aspecto mercantilista más.
Muy
al contrario, este país necesita ciudadanos y ciudadanas formados y capaces,
hombres y mujeres completos que puedan elegir y desarrollarse personalmente y
a través del ejercicio de trabajos cualificados y dignos. Y el lugar donde todo
esto se cuaja es en una escuela y en un modelo educativo equitativo,
compensador de desigualdades, que acepte a todos y en el que todos puedan
desarrollarse y dar lo mejor de sí mismos, con un claro proyecto de ciudadanía solidaria.
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