Salvador Soler
La principal obligación de
un Ayuntamiento es velar por los intereses de sus ciudadanos y el de Godella,
lo hará hasta las últimas consecuencias. La sentencia que obliga al municipio
a pagar cerca de 12 millones de euros más los intereses por el bosque del
Sagrado Corazón provocaría el deterioro del Ayuntamiento y, por tanto, el de la
calidad de vida de su ciudadanía, el deterioro de los servicios, de la
actividad.
Una situación que nadie ha
buscado. No la buscamos los responsables políticos actuales ni los que en la
elaboración del Plan General de 1990 tuvieron que obtener suelo dotacional para
cumplir con la legalidad que imponía la norma de aquel momento. Pero, sobre
todo, no la han buscado los ciudadanos de Godella que al final serían los
grandes damnificados. Por eso, el Ayuntamiento nunca traspasará esa línea, ni
aún por el cumplimiento de una sentencia que, sin embargo, tiene la voluntad de
cumplir. La justicia puede ser ciega pero nunca injusta.
Hay algunas paradojas en
todo esto, como que las monjas recurrieron hasta la última instancia para
evitar que se les expropiara el bosque en el año 90. Ahora, han vuelto a recurrir
hasta la última instancia, pero para lo contrario: para que se ejecute la
expropiación que ellas mismas instaron y para que se les pague el justiprecio
establecido por el Tribunal.
El PGOU valoró en 1990
aquella parcela en 30. 855.900 pesetas (185.447,69 €). Según la Ley vigente en
aquel entonces, a ese precio habría que añadirle el IPC de todos estos años (un
65%), lo que hoy supondría algo menos de 400.000 €. Pero la sentencia ha
multiplicado por 30 esa valoración. Aunque la congregación solicitaba que se
multiplicara por 166. En 16 años pedían que las pesetas se hubieran convertido
en euros. Ni el negocio más especulativo da ese rendimiento.
El mismo tribunal ha tasado
el precio del metro cuadrado de la parcela del parque del Bovalar –en una
situación similar al de la Devesa-, en 76 euros mientras que el de las monjas
lo justipreció en 411 euros, 7 veces más.
El presupuesto de Godella
es de alrededor de 9 millones anuales y el 85% de ese presupuesto ya está
comprometido para hacer frente a los gastos de personal y a los servicios
esenciales. La Ley de Estabilidad Presupuestaria impide a Godella la financiación
externa a través un préstamo. Esto supone que la única fórmula posible es la
compensación en especie. Pero esta posibilidad pasa por el acuerdo con la
congregación que, hasta ahora, nunca ha querido sentarse a negociar. En caso
contrario, hundirían al pueblo en la ruina.
Apelamos a la conciencia de
la congregación, que también son vecinas de Godella, para que no condenen a
las futuras generaciones de su pueblo a perder por completo su calidad de
vida. A que acepten recuperar la propiedad del bosque para su uso privativo en
el que poder ampliar sus aulas y no antepongan otros intereses a los de la
ciudadanía.
Porque
ellas desde su convicción religiosa, también son servidoras públicas y lo que
hace un servidor público es buscar el bien común que, en este caso, no es el
bien privado de la congregación. El bien común no puede ser arruinar el pueblo
y este Ayuntamiento luchará hasta las últimas consecuencias por evitarlo.
Comparte la noticia
Categorías de la noticia