La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas,
Mónica Oltra, ha destacado que la futura ley de Infancia y Adolescencia
consolidará los mecanismos de protección y de promoción de derechos de
todos los niños y niñas, pero especialmente de aquellos que se
encuentran en una situación de especial vulnerabilidad.
Oltra
ha hecho esta manifestación durante su comparecencia en la sesión de
control de Les Corts Valencianes, donde ha respondido a una
interpelación parlamentaria sobre la política del Consell en materia de
protocolos de educación y de sanidad de los niños, niñas y adolescentes
tutelados, acogidos y adoptados en la Comunitat Valenciana.
Esta
ley, junto al resto de medidas que se han adoptado en los últimos dos
años, están sirviendo para dotar a las personas profesionales que
trabajan o están en contacto con la infancia y la adolescencia "de las
herramientas precisas que apoyen el desarrollo de su labor" en ámbitos
como el sanitario, el educativo y el de la intervención social y
familiar.
En este sentido, ha señalado que la futura ley,
cuyo anteproyecto está en proceso de tramitación, parte de la concepción
de que los niños y niñas deben de ser considerados sujetos activos de
derecho, lo que lleva a "modificar no solo los protocolos concretos de
actuación en materia de protección, sino el propio marco jurídico que
los sustenta".
Así, la ley plantea un "abordaje integral
de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes", y en este
sentido diseña un protocolo integral de lucha contra la violencia,
basado en la prevención, protección, atención y reparación de las
víctimas, con medidas de coordinación entre los distintos agentes
intervinientes a través de actuaciones formativas.
"La
persona menor de edad que sea objeto de alguna de las distintas formas
de violencia tendrá derecho a un acceso específico a los servicios
sanitarios, a los centros educativos, a los servicios y programas
sociales y a las subvenciones y ayudas públicas que resulten necesarias
para satisfacer las necesidades derivadas de su condición de víctimas",
ha señalado.
La futura ley también establece "una
regulación detallada del deber de la ciudadanía, y en especial de los
profesionales que trabajan en el ámbito de la infancia y la
adolescencia, de notificar las situaciones de desprotección y de
colaborar en el ejercicio de la acción protectora" y termina con la
discriminación que las personas tuteladas por la Generalitat tenían a la
hora de recibir ayudas de escolarización, según el régimen de
acogimiento en que estaban.
La vicepresidenta ha incidido
en que la política del Consell con las personas menores de edad que
están dentro del sistema de protección, "se centra fundamentalmente en
dar cobertura a sus necesidades con posicionamientos de igualdad de
oportunidades y, como siempre poniendo orden en la herencia en diferido
que dejó el antiguo gobierno".
La coordinación que se ha
establecido en estos dos años con las conselleries de Educación,
Investigación, Cultura y Deporte, y Sanidad Universal, busca que estos
niños y niñas tutelados "puedan tener preferencia en el acceso a
cualquiera de los recursos de que dispone la población general".
En
este punto, ha recordado la regulación de medidas de colaboración y
coordinación sociosanitaria en este ámbito, y que se ha focalizado en
"una mejor estructuración de los indicadores y factores de riesgo
existentes" con el objetivo de detectar aquellas situaciones de
desprotección derivadas de conductas adictivas, violencia de género o el
uso de los niños y niñas de manera inapropiada en los procesos de
separación de parejas.
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