Francisco Adán. FOTO EPDA Ya
hace unas semanas comentaba por este espacio lo difícil que se nos pone a
algunos hablar de ciertos temas, sobre todo porque cuando lo hacemos, nos
advierten que el efecto que causamos es contrario al que buscamos.
Los
dos temas tabú maestros son el independentismo catalán y Pablo Iglesias y su
Podemos. “Cada vez que alguien los critica estos ganan un seguidor” me decían
dos buenos amigos entorno a una mesa el otro día.
Su
argumento no deja de tener lógica pero una lógica que no comparto en absoluto y
llevo dándole vueltas durante todo el fin de semana, no crean que con voluntad
de aprobarla, pero sigo sin compartirla, no tanto el razonamiento, pero sí la
conclusión.
EL
ejemplo paradigmático fue la acampada de Sol, claramente ilegal puesto que se
trataba de una ocupación ilegal de suelo público. El, entonces, ministro
Rubalcaba optó por que se agotara poco a poco y bajara la espuma no sin antes
mantener un pulso previo con los acampados. Lo mismo pasó con el plan Ibarretxe
plan cuyo cénit coincidió con su desaparición: su intervención en el Congreso
de Diputados.
En
ambos casos el Gobierno de Zapatero optó por dejar que se desinflaran ambos
acontecimientos, si bien ambos casos son parecidos pero no idénticos a los que
acontecen.
En
el caso de Ibarretxe se sometió al parlamento español, cosa que el proceso
independentista catalán no ha hecho porque ni siquiera lo ha intentado. Se
suele decir que es una consulta y no un referéndum lo aprobado por el Gobierno
Catalán, y en efecto lo es. Todos los referéndums son consultas pero no todas
las consultas son referéndums. La Constitución permite a Ayuntamientos y CCAA
realizar consultas ciudadanas sobre las competencias que unos y otras tengan,
pero dentro de las competencias, lo que no deja de ser una obviedad, puesto que
decidir sobre lo que afecta a todos por una parte resulta claramente abusivo.
Por
lo tanto de lo que se trata no es que la Ley de Consultas catalana sea
inconstitucional en su totalidad, quizá sí, en algún artículo sino que se trata
de que la consulta sobre si Cataluña puede ser un Estado propio es claramente
ilegal.
Llegados
a este punto conviene apreciar si este problema político se puede resolver
dentro de la Ley o haciendo un “no pasa nada” y saltándosela. El problema de
los nacionalismos viene asolando, no sólo a España, sino a Europa a lo largo de
todo el siglo XX, parte del XIX y en algunos países como el nuestro, durante
este XXI.
El
estatus quo europeo y mundial nos dirige hacia una macroestatalización
rompiendo las fronteras políticas antiguas que, inoperantes ante realidades
mundiales, se están demostrando para solucionar problemas de acción
supraestatal.
Sin
Estado de Derecho no hay democracia. Puede haber estados de derecho sin que
exista democracia pero desde luego no existe una sola democracia que funcione
sin arreglo a unas normas, aunque estas sean mínimas y todo aquello que suponga
saltarse las normas que un determinado pueblo se ha autootorgado, supone la
quiebra de la seguridad jurídica y esta quiebra deriva en el caos, puesto que
si, en este caso, la Generalitat puede opinar sobre lo que no es competente,
mañana Valencia podría opinar sobre si se quiere instaurar la pena de muerte,
la confesionalidad de la Generalitat o sobre si declara la guerra a algún país
vecino.
El
Artículo 149.1.32 establece que el Estado tendrá las competencias para
establecer referéndums.
Todos
los referéndums son consultas pero no todas las consultas son referéndums. Es
sabido por todos que esta consulta tiene carácter refrendario, el propio
Gobierno catalán no ha escatimado recursos en afianzar y resaltar su deseo de
ser un país independiente del español.
El
nacionalismo convierte en arte político aquello de cosechar rédito político de
cualquier situación: si le das concesiones, no sólo va a ser gracias exclusivamente a su buen papel y de lo
merecido que lo tenía sino que además va a querer más y más. Por otro lado si
se les deniega, nunca va a ser porque sea imposible, sino porque el que ha de
otorgarlo es inflexible en su postura y les oprime.
Sea
como sea, ganan adeptos. Al Gobierno del Estado, de todos, le conviene lidiar
esta postura chantajista con mano izquierda pero con determinación y
delimitando bien sus fronteras las cuales no deben cruzarse de forma ilegal.
Recuerda a ese hijo caprichoso y aranero que exige a sus padres su capricho,
aun cuando sabe que no pueden dárselo, y si se lo dan pide más y si no, sigue
tensando la cuerda, posiblemente alentado por otras veces en las que los padres
han cedido.
El
desapego de muchos catalanes hacia lo que significa ser español, viene
trabajado desde hace décadas en las que la Generalitat ha tenido en sus manos
la educación. Hoy, mientras que en el resto de España causa vergüenza ajena
leer como se prodigan estupideces como que la bandera de USA proviene de la
catalana, cada vez más gente se cree que el Estado propio será una especie de
mundo feliz, aunque este acabe siendo más cercano a una mezcla pavorosa de Aldous
Huxley y George Orwell.
El
Estado ha de ceñirse a la Ley, sobre todo cuando se trata de una cuestión tan
primaria como es definir qué es España, nada comparable al uso abusivo de un
bien público como lo de la acampada de Sol, que, aunque efectivamente, no deja
de ser Ley, no es del mismo rango.
Por
todo ello recurrir a que defender la inconstitucionalidad de una convocatoria
supone una arenga para reclutar nuevos radicales independentistas, no deja de
ser un argumento en cierto modo falaz, por cuanto que existe la obligación de
toda persona de respetar la Ley, no digamos ya, al representante de dicha
legalidad en Cataluña como es el presidente de la Generalitat.
Posiblemente
la Constitución acabe reformándose, porque una cosa es que Cataluña no pueda a día
de hoy decidir sobre su futuro saltándose el marco legal y otra bien distinta
es que políticamente se desoiga un problema, prefabricado e intensificado
artificialmente por los interesados, pero problema a fin de cuentas.
Escuchar
no significa estar de acuerdo con lo que se dice de la misma forma que proceder
a un posible referéndum a nivel nacional no significa, necesariamente que se
acuerde la petición planteada.
Se
suele acudir al argumentario de que no se puede mantener por obligación un
grupo de personas anexionadas a España por la fuerza, este argumento es endeble
por varias razones. La primera razón consiste en defender aquello que los
propios nacionalistas abanderan cuando se trata de defenderse en el Congreso de
Diputados: el derecho de los que no quieren la independencia.
La
segunda razón es que ese otro segmento de la sociedad, parte de una legalidad
vigente que les respalda, por lo que la imposición de otra nueva realidad
jurídica que se salta, además, lo regulado, es del todo inaceptable y sería
dejar desprotegidos a los que, justamente, la Ley ampara de pleno derecho.
No
se trata pues, que ese sector de la sociedad catalana, en mi opinión, engañado
mediante la continua y permanente mentira histórica y educado en el odio, tenga
derecho a exponer su deseo de ser independiente. Pueden hacerlo, pero lo que no
es aceptable es decir que aquellos que defienden la legalidad son los culpables
de que otros se la salten para conseguir, además, un fin que es muy discutible
que sea justo.
Se
trata de respetar la legalidad, se trata de que se nos pregunte a todos si
queremos modificar la Ley que nos afecta a todos y no que, mediante la
coacción, el Estado ceda.
Como
se dijo, la Constitución es de todos y cambiarla es cosa de todos. Si el
Gobierno catalán ( no los catalanes) decide seguir por la vía del desafío, de
los hechos consumados, llevando a los
catalanes a la polarización permitiendo que haya catalanes de pura sangre y de
segunda mientras se envuelve en la bandera y en actos que recuerdan a eventos
ya pasados de una época europea oscura, el Estado estará legitimado a usar la
Ley.
Por
otro lado, si existe una mayoría de diputados que presentan una modificación
constitucional esta deberá llevarse a cabo sin ningún tipo de trauma, de forma
consensuada, ordenada y democrática, que es todo lo contrario a lo que propone
el Gobierno de Mas y sus socios.
Comparte la noticia
Categorías de la noticia