Procesan a 5 técnicos de Actividades del Ayuntamiento de Sagunt por comprar productos personales de 2007 a 2014 a cargo del Consistorio. Forma parte de la pieza separada de la 'Operación Flotador'. Según consta en el auto del Juzgado número 4 de Sagunt, ''cargaban al presupuesto del Ayuntamiento a través de la presentación de facturas falsas, ocultando la verdadera naturaleza de los objetos adquiridos simulando ser ropa de trabajo''.
Según se recoge en los hechos, las facturas que emitían las tiendas de ropa que realizaban cargos al Ayuntamiento, se correspondían a "comercios en los que se venden trajes de vestir, ropa y artículos deportivos de marca", por lo que no se correspondía con la "adecuada ropa de trabajo que la corporación debe facilitar" a sus trabajadores.
En las facturas emitidas aparecen artículos en los que no se concretan los artículos comprados, sino únicamente la referencia a conceptos genéricos como "vestimenta de caballero para el servicio de inspección o suministro de equipamiento". Según se denuncia, en los tickets se observan artículos de diferentes tallas, artículos de mujer, de bebé, de deporte y calzado deportivo de varios números. En las facturas también aparece material armamentístico como "munición y carabinas" y equipamiento deportivo y escolar, como "mochilas de colegio de las marcas Adidas y Reebok" y una "bolsa de deporte de la marca Adidas".
El auto afirma que "existen indicios más que suficientes para imputar" a los implicados "por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental".
En su día, cuando salió la noticia, Crispín afirmó a El Periódico de Aquí que "nadie ha cometido ninguna irregularidad". La instructora
investiga al ex jefe del Servicio de la Inspección Técnica de
Actividades, ahora concejal socialista, y a
cuatro técnicos de este departamento por el uso
irregular que durante varios años habrían dado a la partida de 300
euros que anualmente perciben para renovar su uniforme laboral, un hecho que fuentes próximas a éstos aseguran que ''se ha hecho todo siempre acorde a la ley'', como se hacía ''en otros departamentos''.
La operación policial ha sido
desarrollada por la UDEF de la Policía Nacional bajo la coordinación
de la titular de Sagunto 4, que investiga si los cinco funcionarios
destinaron el dinero público percibido entre 2007 y 2014 a compras
en tiendas de mujer, de bebé, establecimientos deportivos y
armerías. En este sentido, Crispín ha explicado que el convenio de relaciones laborales del Ayuntamiento de Sagunt contempla la dotación de 300 euros cada dos años, "y no anualmente como dice el TSJCV, para todos los inspectores de Urbanismo y Actividades en compensación por el desgaste de la ropa, ya que visitas obras con ropa de calle y te puedes romper un pantalón o enganchar y romper la ropa, y se gastaron debidamente", ha apuntado el ahora edil socialista. Esta práctica se lleva a cabo, según ha afirmado Crispín, desde el año 2004 "cuando el ahora alcalde de Sagunt, Quico Fernández, era concejal de Urbanismo, y decidió en aquel entonces autorizar a los cinco inspectores de Urbanismo dar unos 300 euros cada dos años para gastar en concepto de ropa en la tienda Armería y Deportes Peña del municipio". Anteriormente, según detalla Crispín, "íbamos a una sastrería donde recuerdo que nos hicieron dos trajes a medida". "No entiendo dónde están las irregularidades", ha matizado Paco Crispín.
Para Crispín, este caso es "una injusticia, ya que no nos han querido informar de nada y luego publican a través de una nota de prensa de lo que nos acusan". "Es un intento de alguien de intentar arrojar polémica a este departamento, pero seguro que todo va a quedar en un malentendido. Esperamos que la justicia haga bien su trabajo", matiza Crispín.
La causa, abierta
por un delito de malversación, es una pieza separada de la
“Operación Flotador”, que investiga presuntas irregularidades en
las adjudicaciones de contratos en varias áreas del Consistorio
saguntino y en la concesión de licencias urbanísticas.
La operación se inició en
agosto de 2015 por los delitos de cohecho y prevaricación a partir
de una denuncia interpuesta por la Fiscalía de Valencia tras las
irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas. En ella se
investiga el supuesto amaño de contratos durante las legislaturas
2007-2011 y 2011-14.
En la pieza
principal de la “Operación Flotador”, el
Juzgado investiga a 12 personas físicas (concejales y exconcejales)
y 6 personas jurídicas, empresas beneficiarias de las adjudicaciones
presuntamente irregulares.
La diligencias,
declaradas secretas, se centran en el fraccionamiento de contratos
para adjudicar determinados servicios a seis mercantiles eludiendo la
Ley de Contratos del Sector Público. Se investiga también si se
amañaron contratos y se adjudicaron trabajos sin el correspondiente
expediente administrativo vulnerando
con ello los principios de transparencia, libre concurrencia y
competencia efectiva que rigen la contratación pública.
Además de la principal, la
causa consta de dos piezas separadas: una en la que se investigan las
irregularidades en la concesión de licencias en el área de
Urbanismo, en la que hay tres investigados por prevaricación y
tráfico de influencias; y otra, en el marco de la cual se han
producido los arrestos de hoy.
Las tres piezas están
secretas.
Reacciones
Por su parte, el alcalde de Sagunt,
Quico Fernández, declaró en su momento también que: “Ante la información que ha
aparecido en algunos medios de comunicación, como alcalde y en
nombre del Equipo de Gobierno y del Ayuntamiento en su conjunto,
quiero declarar que han sido detenidos, durante un breve espacio de
tiempo, cuatro técnicos del ayuntamiento, del departamento de
Actividades, y el actual concejal del PSPV-PSOE y anterior técnico
de actividades, para declarar en relación a unos hechos que son
secreto de sumario y que han sido liberados. En los próximos días
tendremos más noticias. Yo, como alcalde, quiero manifestar mi apoyo
a todos los trabajadores del Ayuntamiento; estoy convencido de su
inocencia y espero que estos hechos sean aclarados y que todo quedo
en un malentendido. La actividad municipal es muy complicada en
muchas ocasiones y, por lo tanto, espero que no deje de ser un
malentendido y todo pueda resolverse de manera satisfactoria”.