Puig presenta la propuesta valenciana de financiación autonómica 'porque ya no caben más parches'

El President de la Generalitat, Ximo Puig, ha presentado esta mañana el primer documento sobre la propuesta de financiación hecha desde la Comunitat Valenciana para toda España, una característica que el Jefe del Consell considera "fundamental" porque como ha dicho "ya no caben más parches para la financiación autonómica".

"Se ha acabado la política de parches permanentes que se ha hecho en los últimos años y que ha contribuido a la situación de profundas asimetrías a la hora de recibir los distintos servicios públicos que vive hoy España", ha asegurado.

Para acabar con esta situación Puig ha presentado "un modelo planteado desde la perspectiva de la igualdad" y ha presentado a los valencianos como "una vía para la solución del problema de la financiación de España no sólo en aquello que afecta a nuestros recursos y necesidades, sino que hacemos un planteamiento general para España desde la Comunitat", ha explicado.

Ximo Puig ha mantenido una reunión de trabajo con el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, otros miembros de esta conselleria y el resto de expertos que han trabajado "en la gran reivindicación de los valencianos y elemento fundamental del trabajo político de este tiempo".

La propuesta presentada se sustenta sobre doce principios que inspiran este nuevo modelo de financiación. En primer lugar, la autonomía de ingresos y gastos; la equidad horizontal que garantice el mismo acceso a los servicios fundamentales a todos los ciudadanos de diferentes territorios y la solidaridad de que los servicios sean garantizados al margen del nivel de renta.


Además, se apuesta por la ordinalidad para permitir la convergencia de los recursos per cápita de los diferentes territorios sin alterar la ordenación de las Comunidades Autonómas. También, se busca la responsabilidad fiscal de las mismas ante a sus ciudadanos así como la suficiencia que permita la distribución de las fuentes de ingresos entre las administraciones de acuerdo con las funciones encomendadas.

El modelo también trata de asegurar la garantía del bienestar, que favorezca el mantenimiento de los servicios básicos, sanitarios, educativos y sociales. Apuesta por la estabilidad compatible con el crecimiento económico, la sostenibilidad financiera a largo plazo, la lealtad institucional entre administraciones, la sencillez del modelo para facilitar su comprensión y por último, la transparencia. "Estos son los doce puntos básicos y filosóficos en los que se orienta la reforma", ha indicado el President.

El President ha resaltado que "este es un modelo claramente social", se trata de una propuesta que apuesta principalmente por la seguridad y la garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Esto, según ha concretado, se traduce en la creación de un fondo "parecido al actual fondo de pensiones para que en momentos de crecimiento del ciclo económico pueda ahorrar para que en el futuro no se tengan que recortar los servicios fundamentales de los ciudadanos". Se trata de una aportación singular de este modelo que contribuiría garantizar la estabilidad del Estado del Bienestar.

Otra de las aportaciones de esta propuesta valenciana que ha sido subrayada por el President Puig ha sido "la gobernanza federal del sistema de financiación". Este modelo reivindica la participación de las comunidades autónomas tanto en la Agencia Tributaria como en todas las decisiones que afectan a estas instituciones. En este sentido ha criticado que "no se puede decidir unilateralmente por parte el Gobierno de España qué parte del déficit se adosa a cada administración". "Las comunidades autónomas tienen que ser un actor activo y no simplemente recibir las directrices del Gobierno de España", ha añadido.

Ximo Puig ha recordado que existe una gran base de acuerdo en la Comunitat en este asunto y el documento que contiene esta propuesta será enviado a todos los agentes sociales que suscribieron el manifiesto por una financiación justa.

Finalmente el Jefe del Consell ha añadido que es necesario reequilibrar las aportaciones de todas las autonomías "tengan el sistema que tengan". "Por eso es exigible que haya una evaluación y que se sepa qué es lo que cada uno aporta en condiciones de igualdad y equidad" para evitar situaciones de deuda histórica como la que se está produciendo actualmente en la Comunitat Valenciana "donde hay ente 15.000 y 16.000 millones de deuda histórica" del Estado con esta autonomía.


Un modelo basado en tres tramos de recursos

Durante su intervención, el President Puig ha recordado que la propuesta valenciana de modelo de financiación se estructura alrededor de tres tramos de recursos: un tramo de garantía del nivel mínimo de los servicios públicos fundamentales, un tramo de suficiencia competencial autonómica y un tramo de autonomía.

El President Puig ha señalado que el primero de los tramos debe garantizar el acceso de todos los españoles al mismo nivel de servicios en sanidad, en educación y en prestaciones sociales. El segundo habría de dotar con suficiencia financiera al resto de competencias autonómicamente establecidas en los estatutos como son el impulso económico, el medio ambiente, las infraestructuras, la cultura, la vivienda. Y el tercero de ellos debe permitir a las diferentes comunidades autónomas un espacio fiscal propio para decidir los niveles impositivos.

El sistema propuesto de financiación conviene introducir tres instrumentos complementarios: en primer lugar, instrumentos de desarrollo rural para financiar las políticas de crecimiento y promover la convergencia mediante recursos aportados por el Fondo de Compensación Interterritorial de los Presupuestos Generales del Estado o los Fondos Estructurales Europeos. Estos fondos serán de gestión íntegramente Estatal.

En segundo lugar, un instrumento de reequilibrio financiero, que permita a las comunidades que han acumulado deudas por la infrafinanciación padecida acordar con el Estado el reconocimiento de las mismas. Por último, la revisión de las contribuciones forales a las cargas del Estado, calculándolas de modo que hagan compatible la singularidad institucional con los principios de equidad, solidaridad interterritorial y transparencia.