Los ayuntamientos de Quart de Poblet y Albal
interpondrán un recurso contencioso-administrativo contra la orden de
disolución del Consorcio para el Desarrollo de la Televisión Digital
Terrestre Local Pública para la Demarcación de Torrent, con
el que tratan de impedir “que el PP
aniquile TV35, un canal que podría servir a
miles de valencianos y valencianas, nutriéndose a la vez de algunos de los
magníficos profesionales de Canal
9 a los que el presidente Fabra dejó en la calle, mientras
llega el cambio a la Generalitat que permitirá el regreso de RTVV como
televisión pública, plural y de calidad”, según ha anunciado el primer teniente del
Ayuntamiento de Quart y representante del municipio en el Consorcio, Bartolomé
Nofuentes.
Varios municipios de l’Horta promovieron en
2006 la puesta en marcha de una televisión digital terrestre de carácter
público, que contribuyera a vertebrar la comarca. Nació
así TV 35, con sede en Torrent, una de las
más importantes de la
Comunitat Valenciana, ya que se estimaba una audiencia
potencial de 2 millones de habitantes, desde Sagunt a Gandia y desde Ibiza a
Buñol.
Sin embargo, tras las elecciones de
2007, bajo la presidencia de Torrent y con la mayoría del PP en el Consorcio se
dinamitó el proyecto, pese a que se había elaborado ya un Plan Estratégico para
su puesta en marcha. En junio de 2013, “con
una prisa sospechosa, los ayuntamientos del PP representados en el Consorcio
para el Desarrollo de TV35 acordaron su disolución con nuestra oposición y pese
a que planteamos fórmulas factibles como mantener la actual estructura, con
aportaciones 0 de los municipios miembros hasta que la situación económica
mejore y haga viable la puesta en marcha del canal, poniéndola mientras tanto a
disposición de las universidades valencianas con el objetivo de que
se puedan beneficiar de ella los estudiantes del ramo audiovisual, ofreciéndoles
una formación más completa de cara a su inserción laboral”,
recuerda el edil.
En este sentido, incluso se planteó
a la Diputación de Valencia que, “en
lugar de recurrir a televisiones privadas para cubrir el vacío de programación
en valenciano y sobre las señas de identidad valencianas dejado por la operación de
aniquilación de Canal 9
tras una saqueo deleznable, recurriera a la televisión digital terrestre de
l’Horta, que es
pública”, añade.
Ahora, tras el acuerdo definitivo de disolver el ente
y ordenar a la comisión ejecutiva determinar su activo y su pasivo para la
liquidación, Quart de Poblet y Aldaia se acogerán a la posibilidad de recurrir
a la Justicia para dejarlo sin efecto porque “es
una resolución que no está justificada y sospechamos que encierra un intento de
dejar libre la licencia para que se puedan beneficiar los grupos de comunicación amigos de González Pons a los que el Tribunal
Supremo dejó sin licencia al anular el proceso de adjudicación de emisoras de
televisión digital terrestre efectuado en 2005 por el entonces conseller”, concluye Nofuentes.
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