María José García. El
Consell sigue adelante con la creación de la Autoridad Metropolitana de
Transporte (AMT) a pesar de que el Gobierno central ha rechazado la
inversión de 38 millones de euros solicitados. Estaría bien que nos contasen cómo lo piensan hacer.
De dónde van a sacar ese dinero, ¿lo van a trasladar de otras partidas o
simplemente si el Ministerio de Hacienda les vuelve a decir que no,
paralizarán el proyecto? Eso sería un fiasco. No se puede decir a la gente que lo van a poner en marcha sin disponer del presupuesto necesario. Es vender humo. Nada raro, por cierto, en el Gobierno del Botànic.
La realidad es que en 2016Madrid recibió 126 millones de euros; Barcelona, 98; Canarias, 25 y la Comunidad Valenciana, cero.
Así ocurre desde hace años, desde que el Gobierno de Francisco Camps
eliminó la Agència Valenciana de Mobilitat, craso error. Por tanto,
resulta correcto que ahora la Generalitat quiera enmendarlo; pero,
¡ojo!, hay que hacerlo sin tirarse a la piscina.
Se
ha de actuar dando los pasos correctos. Sinceramente, escribir una
carta en octubre para que “sin dilación” se incorpore la subvención en
los Presupuestos del Estado de 2017, no me parece la manera más
acertada. La demanda de una partida que pone en juego la ejecución de un
proyecto trascendente requiere reuniones y mucho diálogo, no una misiva
a finales de año y en ese tono.
Ante la rápida negativa de Cristóbal Montoro, el Consell utiliza otro de sus argumentos estrella: el victimismo.
Aseguran que el trabajo está hecho y que la respuesta del Gobierno
evidencia la falta de voluntad para con los valencianos. Hacen las cosas
tarde y mal y encima se quejan. Sin embargo, la pataleta y las lágrimas
no nos darán el dinero necesario para que la AMT pueda ser una
herramienta útil de racionalización del transporte de personas.
Estamos
hablando deplanificar infraestructuras y servicios del transporte
público para, aproximadamente, 1,8 millones de viajeros. Se trata de
mejorar la movilidad del área metropolitana de Valencia, que afecta a 60
municipios. Supone un reto para facilitar la vida de los ciudadanos y
darles las ventajas de las que ya disponen otras ciudades como Madrid o
Barcelona. Una de ellas, por ejemplo, disponer de un carril VAO
(Vehículos de Alta Ocupación), para entrar o salir de la capital. Sólo
lo pueden utilizar los vehículos que transporten un número mínimo de
viajeros. Como estas facilidades, otras más, la principal: un transporte
público más económico.
La
mayor coordinación para facilitar los desplazamientos de los vecinos
del área metropolitana ha de ser un objetivo en sí mismo. No nos podemos
plantear este reto para cobrar una subvención del Estado. La Generalitat ha de poner en marcha el proyecto porque es necesario y porque nos pone a la altura de las grandes ciudades. Si,
como sería lógico, Montoro acaba poniendo dinero sobre la mesa como
hace con otras autonomías, bienvenido sea. No obstante, no podemos
supeditar un plan de este calado, que afecta a tantos ciudadanos, a
recibir una ayuda. Y si de ella dependemos, hay que gestionarla antes.
El
colmo es decir que seguimos adelante porque confiamos en que nos
concederán la financiación. ¿Y si no es así?, ¿entonces, qué?
Una vez más, no hay respuesta. Vamos, que en este asunto volvemos a
tener bien latentes las líneas maestras de actuación del tripartito:
improvisar, vender humo, quejarse de la herencia recibida y del Estado y
no sé, no contesto. ¡Deplorable!
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