Instante del pleno de Canet La adjudicación del contrato de basuras ha vuelto a quedar sobre la mesa en Canet d’En Berenguer, después de un pleno extraordinario fallido, tras un informe del nuevo secretario municipal que pegaba un estirón de orejas a su antecesor, el condenado José Antonio Sancho Sempere, al advertir que para salir adelante un contrato que excede los cuatro años es imprescindible la mayoría absoluta del pleno, una cuestión que no se produjo en la primera votación de febrero de 2015 -lo hizo a favor EU e IPC, en contra el PSOE y se abstuvieron Compromís y PP- y tampoco había opciones de que sucediera en el pleno extraordinario convocado la semana pasada, ya que EU e IPC, curiosamente, iban a cambiar el sentido de su voto.
Todo este problema, que ya ha motivado que dos empresas hayan presentado sendos contenciosos -Girsa y FCC- contra la adjudicación a Acciona, es consecuencia de que el anterior secretario municipal, Jose Antonio Sancho Sempere, no hiciera advertencia alguna de que se estaba vulnerando la ley, amén de los pliegos desarrollados por su hija, Carmina Sancho, funcionaria encargada de Contratación. Precisamente a este respecto, el portavoz de Agrupación Canet, Joaquín Rambla, pidió explicaciones a ambos en el último pleno extraordinario. Además de proponer dejar sobre la mesa la propuesta del equipo de gobierno, como así sucedió finalmente, solicitó ‘‘pedir responsabilidades, si las hubiere, al antiguo secretario municipal por no haber hecho la labor que su cargo requiere y que con su mala actuación ha producido un posible perjuicio económico a nuestro municipio’’.
Igualmente, Rambla recordó que los pliegos de Contratación correspondió a su hija, mientras que el apartado jurídico fue obra de José Rajadell.
Según el informe del actual secretario, Eliseo Lledó, ‘‘al sobrepasar el contrato a adjudicar los cuatro años corresponde su competencia al pleno de la Corporación’’ y según el artículo 47.2 de la ley 7/1985, de 2 de abril, ‘‘se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de las Corporaciones para la adopción de acuerdos en las siguientes materias: j) concesión de bienes o servicios opor más de 5 años, siempre que su cuantía exceda del 20% de los recursos ordinarios del presupuesto’’.
El contrato de servicio de basuras
adjudicado a la empresa Acciona sigue sin contar con la ratificación
del pleno del Ayuntamiento de Canet. De hecho, tras la aprobación
hace unos meses de la adjudicación por mayoría simple, hoy se
convocaba un pleno extraordinario para “dar mayor cobertura legal y
solidez jurídica a dicha adjudicación”, según explicaba el
propio alcalde Leandro Benito. Finalmente, se ha aprobado dejar el
tema sobre la mesa, con el fin de estudiarlo.
Por cierto, dos empresas que
participaron en la adjudicación del servicio han impugnado ante el
juzgado la doble baremación y media aritmética realizada por los
técnicos a la hora de adjudicar el contrato, aspecto que no se
recogía en los pliegos.
Cada uno de los portavoces de los
diferentes partidos políticos han explicado durante el pleno sus
puntos de vista sobre el tema. Concretamente, desde Compromís se
explicaba que no se entiende como se convoca un pleno para ratificar
un contrato ya adjudicado. Su portavoz, Joaquín Pons, explicaba que
“se trata de ratificar un acto mal hecho. Ya hace unos meses que el
contrato está aprobado y sin firmar. La cuestión es clara, con este
acto de hoy se trata de cubrir las espaldas al alcalde”.
En este sentido, el portavoz de
Podemos, José Marco, aseguraba que “no se puede ratificar un
acuerdo que no está claro. Además, con la entrada en vigor en 2020
de la nueva ley de recogida selectiva de bioresiduos, el Ayuntamiento
está obligado a contar con un servicio de basuras que incorpore este
tipo de recogida, con lo que a la larga habrá que pagar más para
adaptarsde a la ley en 2020, por lo que consideramos que un contrato
para 10 años es un contrato muy largo”.
La concejal de EU, María Amor Uviedo,
también incidía en la puesta en marcha de la nueva ley y en el
posible coste que le puede generar al Ayuntamiento, “un aspecto que
ni los propios técnicos tienen claro”.
Por otro lado, el concejal de PSPV,
Vicente Peris, apuntaba que “lo mejor es dejarlo sobre la mesa,
porque habría que estudiar el tema, porque no está claro”.
El portavoz de IPC, Carlos Sáez, por
su parte, manifestaba que “lo mejor es estudiar el asunto”, al
igual que Joaquín Rambla, portavoz del grupo Agrupación Canet, que
afirmaba que “se debía haber anulado el acuerdo adoptado por parte
del secretario con respecto al contenido de las bases”. En este sentido, Rambla puntualizaba que "se debería pedir responsabilidades al antiguo secretario municipal por no haber anulado
la aprobación del pleno en el momento de la votación por incumplir el
articulo 47.2 debido a que se había aprobado con una mayoría simple y le
correspondía mayoría absoluta y también pedir responsabilidades, si las
hubiese, contra la hija del ex secretario municipal como técnica de
contratación y al Sr. Pepe Rajadell como técnico jurídico, pues ambos en
los informes técnicos omitieron esta falta del articulo 47.2."
Además, añadía "¿Cómo se puede
llevar a Pleno Municipal una aprobación de algo que ya está
aprobado? Lo único que hemos
estado preguntado en reiteradas ocasiones es si esta aprobación con
una minoría absoluta por debajo del 50% de la Corporación, si
tiene la validez suficiente para un importe económico tan elevado.
Es claro y evidente que según el informe del Secretario Municipal
actual, no se puede. En el Pleno que se
aprobó esta adjudicación, da la sensación que después de que el
PP no se abstuviera en la Comisión Informativa de Pleno y con sus
votos fuese llevada la propuesta a Pleno, una vez siendo sabedores
que habían más votos favorables que negativos a la hora de votar
ellos (Ya que son los últimos en votar), podría ser que en ese
momento decidieran inexplicablemente votar abstención y dejar en
ese momento nula la aprobación de la licitación".
De esta forma, Rambla anunciaba que desde su partido se proponía dejar sobre la mesa dicha contratación y realizar una nueva
licitación en base a los siguientes conceptos:
Revisar las bases de
licitación y que los grupos políticos aporten las modificaciones
que crean oportunas para mejorar dicho servicio y que estos sean
consensuados con todos los Grupos.
Que el precio fuese
por Toneladas recogidas y transportadas, con un control de los
albaranes de báscula.
Que no se marcara un
precio mínimo de bajada y que esto fuese según marca la ley en
cuanto a bajadas temerarias.
Si todo esto lo
acompañamos con una buena campaña de reciclaje, donde las
Toneladas que se reciclen van en interés general en cuanto a la
menor cantidad de toneladas de residuos urbanos, esta mejora de
gastos debería de ir reflejado en los recibos de impuestos.
Por último, pedir
responsabilidades si las hubiere, al antiguo Secretario Municipal
por no haber hecho la labor que su cargo requiere y que con su mala
actuación ha producido un posible perjuicio económico al municipio.
Por otra parte, el edil de Ciudadanos,
Vicente Bayona, apuntaba que “hacer una nueva licitación
legalmente es imposible por lo que lo único que se puede hacer es
apoyar el informe que los técnicos han valorado”.
En definitiva, los concejales de la
corporación deberán retomar el asunto para la ratificación de la
adjudicación del contrato en cuestión.
Por otra parte, se aprobaba por
unanimidad el reconocimiento extrajudicial de crédito y el
expediente de modificación de crédito en el que se incluyen
inversiones, tal y como el plan de empleo dotado de 300.000 euros, la
adecuación de pasarelas en la playa, el estudio del puente que se
proyecta sobre el río Palancia, etc, aprobado por mayoría absoluta.
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