El
equipo de gobierno del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria -formado
por el PSPV, Compromís y Esquerra Unida- ha denunciado que el 40% de
los empleados públicos de la localidad, es decir, 144 de los 343 del
total actual se halla en una situación irregular ya que están
clasificados como personal interinos o temporal y, por tanto, están
a expensas de la voluntad o el capricho político determinado.
Las
cifras actuales en materia de personal en este consistorio del Camp
de Túria expresan la "precariedad"
y el "clientelismo
político"
al que están sometidos buena parte de los trabajadores con contratos
que superan los 10 y los 15 años de duración. Así, de los 343 del
total existen 118 como funcionarios y otros 225 en situación de
laboral de los que 89 y 110 están considerados fijos y, por tanto,
dotados con mayor estabilidad laboral.
Sin
embargo, el colectivo de los interinos continúa siendo uno de los
más numerosos de la comarca desde hace años por culpa de las
políticas de personal llevadas a cabo por el Partido Popular durante
las dos décadas de gobierno al frente del Ayuntamiento de Riba-roja
de Túria. Así, de los 118 funcionarios existen 29 plazas vacantes
ocupadas al tiempo por trabajadores en situación interina, que
esperan que el consistorio saque a oposición o concurso-oposición
las mismas.
Por
su parte, de los 225 empleados laborales con que cuentan en estos
momentos las dependencias municipales hay 115 plazas calificadas como
vacantes aunque, paradójicamente, están ocupadas por trabajadores
con contratos eventuales. Se trata de una situación de anomalía e
irregularidad ya que la situación momentánea con que se crearon en
un momento puntual se ha llegado a considerar en habitual sin que
haya cambiado, en absoluto, a lo largo de los últimos 10 o 15 años.
El
gobierno de Riba-roja de Túria ha encargado a la Universitat de
València una auditoría laboral por un valor de 37.000 euros en
total para que realice una radiografía exhaustiva sobre la situación
administrativa que viven los 343 empleados públicos, los
funcionarios y los laborales, con el propósito principal de
establecer la posibilidad de disfunciones entre las categorías
laborales y las tareas que, realmente, llevan a cabo en los diversos
departamentos municipales.
En
una segunda etapa y a la vista de las conclusiones que arroje la
auditoría laboral de la Universitat, el actual gobierno de Riba-roja
de Túria procederá a regularizar la situación de los trabajadores
interinos o temporales que existen actualmente en el consistorio
local. El objetivo es dotar a estos trabajadores más expuestos a
posibles "caprichos"
de los gestores políticos.
El
edil de personal, José Luis López, ha lamentado la situación
"eventual"
que azota al 40% de los empleados del ayuntamiento desde hace años.
"Su
situación no es la más envidiable ni la idónea para el
funcionamiento estable y normal del consistorio por la voluntad
histórica del PP de someterlos a prácticas propias del clientelismo
y serviles para de esta forma permitir que se plegasen a sus
intereses políticos, por tanto se facilita la creación de
trabajadores públicos al servicio de los concejales de turno en
lugar de fomentar la profesionalidad a través de la estabilidad
laboral",
ha afirmado López.
El
gobierno de Riba-roja ha detallado algunos ejemplos de las prácticas
que durante estas dos últimas décadas el Partido Popular ha
fomentado mayormente en la gestión laboral del ayuntamiento. Entre
ellas, cabe destacar la presencia de conserjes que realizan tareas de
administrativos, técnicos contratados a tiempo parcial en lugares
clave de determinadas áreas municipales, trabajadores con más de 14
años en situación interina, inspectores de la policía local en
situación irregular o remuneraciones económicas superiores a las
categorías laborales ocupadas.
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