El
Ayuntamiento de Riba-roja de Túria acumula ya el pago de un total de
1'8 millones de euros entre las sentencias y las deudas heredadas de
la etapa del Partido Popular -periodo comprendido entre los años
1995 y 2015- a lo largo de esta legislatura. Sin embargo, el "riesgo
financiero" que padece actualmente el consistorio puede alcanzar
los 42 millones de euros a medio plazo, incluida la cantidad abonada
hasta ahora, a causa de los litigios judiciales pendiente de la
correspondiente sentencia.
La
compensación por la ocupación de terrenos de particulares para
construir o llevar a cabo infraestructuras municipales ocupan el
grueso de las reclamaciones judiciales a las que el ayuntamiento se
ha visto obligado a afrontar. Entre ellas cabe destacar los 879.000
euros que ha abonado a cuenta de los 6'7 millones de euros -según
dictamen del TSJ- que una familia reclama por el suelo de Paretotes.
La
ocupación de los terrenos donde actualmente se asienta el campo de
fútbol figura entre una de los de mayor desembolso económico que se
ha atendido desde el comienzo de la legislatura, con una cifra total
de 300.000 euros. Cabe recordar que el anterior ejecutivo local
acordó con los dueños una compensación urbanística a cuenta del
futuro desarrollo del plan del Calvari.
Otros
de los pagos que ha abonado durante este último año han sido los
algo más de 60.000 euros que el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria
ha abonado a los antiguos propietarios donde se construyeron los
depósitos de agua potable destinados a dar servicio a los habitantes
la localidad. El anterior gobierno del PP acordó con los dueños de
los terrenos el pago en metálico o su compensación con otros
resultantes de la futura actuación urbanística prevista en la zona.
La
reclamación de la Diputación de Valencia es una de las que mayor
volumen que el Ayuntamiento de Riba-roja ha tenido que abonar desde
el principio del actual mandato con un total de 575.865 euros
correspondientes a los ingresos que el ejecutivo encabezado por el ex
alcalde Francisco Tarazona, del Partido Popular, no realizó en la
cuenta del organismo provincial en concepto del impuesto de
actividades económicas (IAE) entre los años 1999 y 2014. El actual
gobierno acordó un fraccionamiento de la deuda en cuatro plazos
anuales que concluyen en el ejercicio de 2019. Este impuesto público
que pagan las empresas e industrias de Riba-roja al consistorio se
abonan a la administración pública mientras que un porcentaje
fijado previamente se destina al organismo provincial.
El
pago de la deuda total pendiente era una condición obligatoria para
los ayuntamientos que quisiesen recibir subvenciones y ayudas de la
Diputación de Valencia incluidas en el programa de inversiones
financieramente sostenibles (IFS), a través de la presentación "de
un compromiso de aprobación de un plan de pagos con la Diputación"
que, finalmente, el consistorio de Riba-roja de Túria ha suscrito.
Por
último, caben destacar los 46.260 euros que el ayuntamiento ha
abonado a la sociedad general de autores y editores (SGAE) por la
emisión de obras artísticas y música sin la preceptiva
autorización de este organismo que se llevaron a cabo en espacios o
recintos públicos entre los años 2007 y 2015. El fallo judicial
acredita en su argumentación que el consistorio permitía
"indirectamente"
la emisión de música sujeta a derechos de autor cuya labor "resulta
indispensable para la organización de los actos".
El
pago de los 1'8 millones de euros que se han abonado hasta ahora se
podrían añadir al riesgo financiero que el ayuntamiento podría
verse a afrontar a medio o largo plazo, en función de los veredictos
judiciales. El PAI de Porxinos, auspiciado por el Valencia, es uno de
los conceptos más elevados, con una reclamación de 25 millones de
euros planteada. La ocupación del Barranc de les Monges, figura en
otro de los proyectos pendientes de veredicto judicial con cerca de
2'7 millones de euros. Una petición de 2'2 millones de euros de una
empresa que se incendió en el polígono industrial u otra de una
cifra similar por la falta de ejecución de un plan urbanístico
completan la lista.
El
alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha apuntado que
actualmente "el
equipo de gobierno está trabajando con mucho esfuerzo y dedicación
para minimizar lo máximo posible el pago de estas reclamaciones
judiciales que hemos recibido en esta legislatura respetaremos y
acataremos como no podía ser de otra forma ya que se trata de una
cantidad muy seria para las arcas municipales fruto del desorden que
reinaba en los veinte años de gobiernos del Partido Popular".
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