El candidato y portavoz socialista Juan
Antonio Sagredo ha denunciado hoy la adjudicación ‘a dedo’, y sin el pertinente concurso público, de la redacción de
las memorias y los pliegos de condiciones de la empresa mixta Desarrollo Local
de Paterna (DLP) que el PP encargó al despacho jurídico Broseta Abogados en 2010.
El dirigente socialista ha advertido hoy
que, para llevar a cabo su ya fracasado proyecto estrella, el PP se saltó por
completo las normas de contratación reguladas en la Ley de Contratos del Sector
Público con el objetivo de hacer negocio con los servicios públicos ya que -
como ha recordado Sagredo – “los precios que
planteaba el PP eran más parecidos a los de servicios privados que públicos”
A este respecto, Juan Antonio Sagredo también
ha recordado que, antes de adjudicarle directamente a Broseta la confección de
las polémicas memorias, el PP también suscribió con el que se ha convertido
durante todo el mandato del PP en el despacho de cabecera del equipo de
gobierno, toda una serie de contratos menores relacionados con la constitución de
Desarrollo Local de Paterna, desde dictámenes hasta informes de viabilidad de
entre 12.000 y 18.000€ hasta alcanzar los cerca de 80.000€.
El candidato socialista, que considera que
el PP concedió a Broseta Abogados estos contratos fraccionados para eludir el
concurso público, ha destacado que la propia Secretaría General advertía en un informe de 2013 “de la falta
de contratación de las memorias y pliegos de condiciones de la empresa mixta y de que, por su cuantía (500.000€) se
trataba de un contrato sujeto a regulación armonizada”.
Con la revelación nuevamente de estos
datos, Sagredo quiere dejar claro que “son
múltiples las irregularidades que rodean la controvertida constitución, gestión
y disolución de Desarrollo Local de Paterna, salpicada también por los
constantes incumplimientos contractuales del socio privado, por liquidarse
cuatro años después de ser creada y sin más actividad que pagar una minuta
mensual de 5.000 euros a Broseta Abogados e incluso por la actuación irregular
de la alcaldesa Elena Martínez en la votación de la disolución de DLP”.
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