Juan Carlos Galindo. FOTO EPDA Queridos lectores, ya hemos regresado de vacaciones y continuamos con la sección ‘El Observatorio’ de El Periódico de Aquí y como no podía ser de otra manera regresamos con fuerza y con ganas, así que vamos con un tema de actualidad y a la vez produce sonrojo y vergüenza, (por desgracia) otro tema de presunta corrupción, esta vez de ¡corrupción pública!
Pero antes permítanme que les explique la diferencia entre corrupción pública y política, que es la siguiente: pública es cuando el delito lo comete un funcionario de cualquier administración. Política es cuando el delito lo comete un cargo electo, es decir un político al que le hemos votado en unas elecciones.
Hecha la diferenciación y haciendo caso a muchos funcionarios que me comentaban: “Juan Carlos, no confundáis pública con política”, vamos con el caso que nos ocupa de una presunta corrupción pública en el Ayuntamiento de Canet de Berenguer realizada y cometida por el todopoderoso secretario de dicho Ayuntamiento. Adelanto que este tipo de corrupción es, si cabe, más reprobable y nauseabunda que la política.
Así saltaba la noticia el pasado día 09/09/2014: ‘‘El fiscal de la sección de delitos económicos de Valencia pide para el secretario de Canet d’En Berenguer, José Antonio Sancho, 9 años de cárcel y otros tantos para la ex alcaldesa de La Pobla de Farnals, la tránsfuga Natividad García, a los que acusa, junto a la Academia Valenciana de Juristas -a la que el fiscal pide su disolución-, Asesores Profesionales, Millena III Milenio y Rafael Parra Mateu, de varios delitos de coheho, prevaricación y malversación de caudales públicos, al considerar que la moción de censura que se materializó en La Pobla el 10 de octubre de 2008 tuvo como objetivo ‘‘idear la forma de lucrarse con fondos públicos del Ayuntamiento de La Pobla de Farnals a través de contratos de asesoramientos o de realización de supuestos informes jurídicos’’. Este asunto se viene investigando en el juzgado número 3 de Massamagrell y todavía está bajo el secreto del sumario una investigación mucho más amplia que incluye a una veintena de ayuntamientos y administraciones públicas que se encuentra en el juzgado 12 de Valencia’’.
Es verdaderamente vergonzoso que a fecha de hoy no exista ningún medida cautelar que aparte a este señor de las riendas del Ayuntamiento, bien tomadas por su alcalde o bien tomadas por el Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Comunitat Valenciana, COSITEL, que algo tendrá que decir en todo este asunto o asuntos venideros (vaticino que más secretarios/interventores/tesoreros caerán en presuntas tramas delictivas próximamente).
Pero lo más preocupante es la pasividad de la oposición en al Ayuntamiento de la localidad. ¿Cómo pueden quedar impasivos ante la gravedad de los presuntos delitos realizados por esta persona aprovechando su cargo público (que recuerdo pagamos todos)? Deberían estar solicitando su cese o la revocación de la prórroga que ratificoó el actual alcalde (recordemos que el secretario tiene 67 años y continúa trabajando con una prórroga que firmó la anterior alcaldesa). Ahora entendemos por qué quería continuar trabajando en el Ayuntamiento.
Esta persona humana (el secretario, que ya se podía jubilar) está imputado por los siguientes delitos: Cohecho y malversación de caudales públicos. Pero estos delitos ¿qué quieren decir? ¿qué son? Les explico:
Cohecho: Es el más habitual dentro de la corrupción, en el ámbito privado se le conoce como soborno, se le llama cohecho por que interviene una persona pública. Es decir aceptar dinero, regalos o dádivas a cambio de favores. Como por ejemplo, licencia de bares, restaurantes, trabajos en empresas municipales, adjudicación de obras, etcétera.
Malversación de caudales o fondos públicos: Sustracción de caudales para uno mismo o consentir que lo haga otro, teniendo el deber de impedirlo o denunciarlo, o aplicarlo a usos propios y ajenos por aquel que los tiene a su cargo un uso diferente al previsto legalmente. Es decir quedarse directamente dinero del Ayuntamiento, utilizar sus instalaciones o enseres para uso privado, el uso del coche, salas de reuniones, despachos, personal del Ayto para temas privados, etcétera.
Dicho lo cual y ya que por lo visto este señor no tiene la dignidad (nunca entenderé a este tipo de personas) de marcharse de su cargo y dejar el buen nombre de su profesión y de su Ayuntamiento medianamente intacto, desde estas líneas y como ciudadano pido públicamente al alcalde de la localidad, D. Leandro Benito, el cese cautelar del cargo de secretario del Ayuntamiento de Canet a D. José Antonio Sancho hasta que hubiere sentencia firme al respecto.
La calidad democrática y buen gobierno no casan con casos de corrupción, pero sí sería un acto de valentía política y de higiene democrática que apartara de su cargo a esta persona imputada por delitos muy graves; sus vecinos y los ciudadanos se lo agradecerían.
El cese cautelar de funciones con suspensión de sueldo o no, es algo que casi nunca contemplamos en los casos de corrupción pública y política y es un estado que debería de ser automático imputación = cese cautelar hasta sentencia firme y si es absolutoria restitución de puesto y condiciones laborales iguales a las que tenía. Pero mientras tanto sanearíamos nuestra imagen para con nuestros ciudadanos.
No puedo terminar este articulo sin mencionar una vez más que los Ayuntamientos son auténticos focos de corrupción, donde si no ponemos remedio, anidarán auténticos delincuentes de guante blanco que se llevarán a través de sociedades pantalla, sociedades fachada, el dinero, nuestro dinero, a espuertas, porque sigue existiendo la oportunidad, sigue existiendo el descontrol en las administraciones locales y, sobre todo, para los que creen que están por encima del mal y del bien. Debemos exigir de una manera contundente que se tomen medidas para la prevención del delito en las administraciones públicas.
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