REDACCIÓNEl sindicato de UGT ha iniciado una
campaña contra la privatización del Registro Civil y en defensa de
la justicia como servicio público tras conocer las intenciones del
ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, de ceder la gestión
de este servicio a los notarios y registradores de la propiedad.
Según el responsable de la sección
sindical de Justicia de la FSP-UGT-PV, Santiago Alegre, quien estuvo
acompañado por su homólogo en la comarca, Gregorio Gómez, y el
secretario comarcal de UGT, Miquel Jordà, “de producirse la
privatización, este servicio que hasta ahora es gratuito y que se
paga con los impuestos de todos los ciudadanos, pasará a pagarse con
un arancel que a la baja hemos calculado sobre unos 25 euros por cada
partida de nacimiento, de defunción, de matrimonio o de divorcio,
entre otras”.
En el caso del Registro Civil de
Sagunto, “si tenemos en cuenta que se realizan de 8.000 a 10.000
inscripciones y certificaciones al año, los notarios y los
registradores de la propiedad se llevarán 250.000 euros al año”.
Para UGT, esta medida “no va a
ahorrar dinero, sólo va a perjudicar a los ciudadanos”. En este
sentido, Alegre ha argumentado que el servicio del Registro Civil se
creó en 1870 y el anterior gobierno socialista realizó una
inversión de 129 millones de euros para su modernización. Y “a
pesar de esta inversión y de que se trata de unos de los servicios
mejor valorados por la ciudadanía, Gallardón decide ahora
privatizarlo y cederlo a un sector privado como son los notarios y
los registradores de la propiedad”, destaca Alegre quien matiza que
este cambio “no tiene ninguna justificación ni económica ni de
funcionamiento”.
Además, esta “privatización”
supondrá despidos de personal de interinos, pues no se realizarán
sustituciones y al funcionariado fijo de este departamento se le
trasladará a otros puestos con otras condiciones.
Hoy mismo los responsables del
sindicato se han trasladado a los juzgados de Sagunto para explicar
esta nueva situación a los ciudadanos y están recogiendo instancias
contra la privatización del servicio del Registro Civil. Por el
momento, “en sólo una semana hemos recogido 2.500 instancias”,
ha subrayado Alegre. Estas instancias se presentarán al Ministerio
de Justicia que espera poner en marcha estos aranceles en junio de
2014.
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