REDACCIÓNUnión Progreso y Democracia señala y marca nuevos elementos de incoherencia en el ayuntamiento de Valencia, esta vez en relación al patrimonio histórico-artístico y cultural de los valencianos. Hace poco se ha introducido la antigua cárcel modelo en el Catálogo Estructural de Bienes y Espacios Protegidos de Naturaleza Urbana que forma parte del Plan General de Valencia, aludiendo al momento de su construcción (último tercio del s.XIX) y a su arquitecto José Mª Belda. Sin embargo, este mismo ayuntamiento fue el que aprobó en 2007 Estudio de Detalle que impidió en aquel momento su declaración como Bien de Relevancia Local ( BRL) y consiguientemente aprueba la actuación que se hace en el edificio, y que culmina con el actual edificio de oficinas propiedad de la Generalitat Valenciana.
Si en la actualidad el gobierno del Consistorio considera la relevancia de los valores arquitectónicos y de otro tipo que adornan el edificio, deberían haberlo analizado y declarado antes de diseñar cuatro torres de oficinas que transforman y desvirtúan los valores aludidos. Catalogación que además desaconseja la Universidad Politécnica de Valencia a tenor de las transformaciones sufridas en el edificio antiguo de la cárcel para convertirse en el Complejo Administrativo 9 d’Octubre, salvo que la razón para catalogar el citado edificio será para gozar de los beneficios fiscales a que tiene derecho según la ley de patrimonio histórico-artístico de la Comunidad Valenciana.
El coordinador local de UPyD en valencia, Eduardo Gómez, señala que “el gobierno valenciano no sólo debe hacer lo posible para conservar el patrimonio inventariado y sin inventariar, sino que debe hacerlo en la mejor forma posible, es decir evitando actuaciones lo suficientemente “agresivas” para que desvirtúen el objeto de la especial protección que se pretende”, y continua diciendo “los valencianos se merecen un gobierno que planifique y defienda su cultura y sus tradiciones, y con ello el patrimonio”.
Gómez añade “es necesario un poco de respeto y cordura a la hora de aplicar políticas patrimoniales correctas y adecuadas a cada circunstancia, y no variar los criterios en función de los intereses puntuales interesados”.