La jefa de
la Delegación de UPyD en el Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundúa,
reclamó hoy a la Comisión Europea que publique toda la información
recabada hasta el momento sobre el presunto fraude
en los cálculos del déficit público por parte de la Comunidad
Valenciana.
Tras
conocer que el Gobierno de España ha interpuesto recurso ante el
Tribunal Europeo de Justicia para interrumpir la investigación
emprendida por el Ejecutivo comunitario, Pagazaurtundúa ha presentado
una pregunta parlamentaria interesándose sobre posibles presiones
realizadas por el equipo de Mariano Rajoy para paralizar la
investigación, alegando que el Ejecutivo comunitario está actuando de
forma retroactiva y por tanto violando el principio de seguridad
jurídica.
"Ante la
intención del Gobierno de España de que la investigación de la Comisión
no prospere, considero de gran relevancia que la Comisión aclare" si ha
sufrido presiones "previas" a la presentación
del recurso, manifestó la diputada de la formación magenta.
En todo
caso, reclamó al Ejecutivo comunitario que proporcione toda la
información recabada "hasta este momento sin prejuicio del dictamen
final del procedimiento sancionador".
Pagazaurtundúa
considera necesario arrojar luz sobre el supuesto caso de ocultación
del déficit público de la región, por el cual no sólo se habrían
falseado los gastos sanitarios, sino también los
de otros organismos públicos de la región como la Feria de Valencia,
Ciegsa o las Universidades.
La
investigación comunitaria examina si la declaración errónea, de forma
deliberada o por negligencia grave, de los gastos realizados en esa
comunidad autónoma tergiversó los datos nacionales de
déficit y de deuda de España a lo largo de varios años. Por ejemplo, en
2011, el déficit declarado fue de un 3,68% del PIB, unos 3.600 millones
de euros, cifra que fue elevada por el Ministerio de Hacienda
posteriormente hasta el 4,5%.
Las
pesquisas arrancaron cuando la agencia estadística europea detectó que
la Comunidad Valenciana había ocultado "considerables gastos sanitarios"
y no había respetado el principio de devengo de
las normativas españolas y comunitarias durante 23 años, entre 1988 y
2011.
El recurso
interpuesto el pasado 22 de septiembre por parte del Gobierno español
pide al Tribunal de la UE que "anule" la decisión adoptada por la
Comisión el pasado 11 de julio. Si prospera, el
proceso sancionador, que podría saldarse con multas de hasta el 0,2%
del PIB español (más de 2.000 millones de euros), quedaría anulado.
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