Campo de fútbol de Riba-Roja. //EPDA
El pleno
del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha rechazado la petición de un vecino de
recibir 1'3 millones de euros por la ocupación de una parcela de su propiedad
que el consistorio ocupó en el año 1998 para construir el campo de fútbol. El
máximo órgano de representación popular se niega a atender la solicitud al
considerar que los terrenos son propiedad de más titulares y la reclamación
carece del amparo del resto.
Los
hechos que originaron la reclamación se remontan al año 1998, bajo gobierno del
PP, cuando el consistorio llegó a un acuerdo con los propietarios de los
terrenos sobre los que hoy se asienta el campo de fútbol para construir las
instalaciones deportivas a cambio de recibir su valor en terrenos del futuro
programa de actuación integrada (PAI) del Calvari o una compensación en dinero,
es decir, una de las dos opciones ofrecidas.
Sin
embargo, casi dos décadas después los 8 propietarios de los terrenos ni han
recibido los terrenos prometidos -el PAI del Calvari no se llegó a ejecutar- ni
tampoco han recibido una compensación económica en metálico. Además, los dueños
de los terrenos ya no pueden solicitar la expropiación forzosa que les ampara
la legislación urbanística actual ya que han transcurrido más de dos años desde
su ocupación.
Por
ello, los terrenos sobre los que se asienta el campo de fútbol no son todavía
plenamente municipales ya que el Ayuntamiento de Riba-roja no los ha
escriturado porque ni ha abonado su precio total ni lo ha compensado con el
intercambio de terrenos en otra zona del término. Además, los dos depósitos de
agua potable del Calvari se construyeron sobre terrenos propiedad del la
comunidad de regantes y hace pocos meses el ayuntamiento se vio obligado a indemnizarlos
con un total de 60.000 euros por su ocupación efectiva.
Entre
las conclusiones del pleno destacan que la ley de expropiación forzosa ordena
tramitar un único expediente expropiador cuando el bien expropiado pertenezca
en comunidad a varias personas y, por tanto, en los supuestos de varios
propietarios "sólo es posible la
expropiación con la aquiescencia de la totalidad de los copropietarios".
Sin embargo, una solicitud posterior del propietario instaba a fijar el
justiprecio sobre la mitad de la parcela, a pesar de que la ley no contempla
este tipo de situaciones.
El pleno
municipal reconoce el derecho de los propietarios de los terrenos del campo de
fútbol de Riba-roja de Túria a recibir una compensación por la ocupación
efectiva de los mismos que se realizó en su momento. Para ello, el equipo de
gobierno tiene previsto mantener, próximamente, una entrevista con la totalidad
de los dueños para llegar a un acuerdo entre ambas partes que permita compensar
la ocupación de los terrenos ocurrida hace casi dos décadas, al igual que el
pasado año se llevó a cabo con los dueños del Calvari para instalar los dos
depósitos de agua potable.
Los
conflictos entre el Ayuntamiento de Riba-roja y los propietarios de terrenos
han sido numerosos a lo largo de la presente legislatura por el enfrentamiento
entre ambas partes cuyo origen entronca con legislaturas anteriores. Una de
ellos es el pago de 879.340 euros a unos propietarios de terrenos por una
expropiación para construir un parque en Montealcedo o los 60.000 de los
depósitos del Calvari.
El
alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha expresado su "estupefacción" por la gestión
realizada en el proceso de construcción del camp de fútbol "por culpa de la mala praxis del Partido Popular que ejecutó un
proyecto sin ser el propietario de los terrenos, algo sorprendente e insólito
en cualquier ámbito de la vida y, especialmente, porque los dueños de las
parcelas a día de hoy, casi dos décadas después, no tienen ni el dinero ni
terrenos en otro emplazamiento".
"Los gobiernos de Tarazona de
los que formaba parte también la actual portavoz María José Ruiz -ha continuado
el alcalde- han sido catastróficos para
el devenir urbanístico y la ordenación territorial de nuestro municipio".
Raga ha
añadido que el futuro judicial de Riba-roja podría alcanza los 36 millones de
euros a medio y largo para las arcas municipales si prosperan los 15 litigios
judiciales que afectan al ayuntamiento, principalmente, por cuestiones
urbanísticas, entre ellos expropiaciones por valor de casi 7 millones de euros,
indemnizaciones por otros 7 millones y, por último, los 22 millones por la
anulación del PAI de Porxinos.
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