Los magistrados de Primera Instancia de Valencia
han pedido que se refuerce los 22 juzgados de la capital con el
nombramiento de tres jueces para poder responder
al “extraordinario aluvión de demandas” que previsiblemente se interpondrán por
cláusulas
abusivas en escrituras hipotecarias como consecuencia de las recientes
sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en
relación con las cláusulas suelo.
La propuesta de los magistrados de Primera Instancia de la capital, acordada en sendas
juntas de
jueces, ha sido elevada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV)
y al Consejo General de Poder Judicial con
el objetivo de poder responder desde el primer momento a esta situación
en tanto se crea el juzgado provincial especializado que
propone el CGPJ.
El
CGPJ, a nivel nacional, ha propuesto la especialización de un Juzgado
de Primera Instancia en cada provincia. Este órgano tendría competencia
extendida a todo el territorio de la misma
y, de manera exclusiva y no excluyente, conocería de la materia
relativa a las acciones individuales previstas en la legislación de
condiciones generales de la contratación y la protección de consumidores
y usuarios.
Los jueces de Valencia consideran que ese
juzgado especializado, que pretende dar respuesta a las demandas por cláusulas suelo, intereses
de demora, vencimiento anticipado y gastos de formalización de hipoteca no será
viable ni
operativo
si no echa a andar con la suficiente dotación de funcionarios y
letrados de la administración de Justicia para lo que se requiere del
compromiso de las otras administraciones
con competencias en la materia: Ministerio de Justicia y Conselleria.
Por tal motivo, el decano de los Jueces de de Valencia, Pedro Viguer, ha pedido que
por el momento
se
mantenga el refuerzo que se aprobó para responder a las demandas por
productos financieros complejos, plan que ha permitido resolver más de
20.000 pleitos por acciones,
preferentes, swaps y otros productos en tres años y ha evitado el
colapso de uno de los órdenes jurisdiccionales que más se ha resentido
como consecuencia de la crisis económica.
“Actualmente
quedan en trámite en los Juzgados de Valencia alrededor de 600 asuntos
sobre productos financieros. El refuerzo, que en algunos momentos ha
llegado a ser de seis jueces, ha
sido extraordinariamente eficaz ya que ha permitido hacer frente con
eficacia a 20.140 demandas en un tiempo muy razonable de respuesta
similar al de cualquier juicio verbal u ordinario”, subraya Viguer.
Un paréntesis
Según
el decano “nos hallamos ante un mero paréntesis ya que en los meses de
mayo o junio, una vez transcurrido el plazo de tres meses dado por el
Gobierno para que bancos y clientes alcancen
un acuerdo extrajudicial, con toda seguridad se va a producir un
aluvión de miles de demandas sobre cláusulas abusivas, muy superior al
que ya se ha producido respecto de los productos financieros”.
Esto
es consecuencia de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea de 21 diciembre 2016 sobre cláusulas suelo y de 26 enero de 2017
sobre cláusula de vencimiento anticipado
así como consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo de 23
diciembre de 2015 sobre los gastos de formalización de préstamos
hipotecarios.
Sin
embargo, respecto del juzgado especializado provincial que proyecta el
CGPJ, integrado por un juez titular y uno o varios jueces de refuerzo
por cada 1.000 asunto, los
jueces de Valencia, en sendas juntas, han mostrado su “escepticimo”
respecto de la actuación de la Conselleria, que cuando se especialice el
juzgado tendría que nombrar cuatro funcionarios por cada juez ; y del
Ministerio, a quien compete el nombramiento de
uno o varios letrados de la Administración de Justicia.
“La
experiencia demuestra que en lo relativo a refuerzos los jueces se han
tenido que arreglar con lo que tenían, autoorganizándose, sin que
hayan dispuesto de medios humanos adicionales,
que, no obstante, se pidieron en su día. Por eso, en las juntas han mostrado su preferencia
por el mantenimiento del sistema de refuerzo transversal existente, que ha dado buenos resultados
con muy escasos medios”.
Pretendemos,
añade Viguer, “aprovechar la eficacia y potencialidad resolutiva del
refuerzo ya existente, que ha resultado ser extraordinariamente
efectivo, aunque no sin esfuerzo, pues ha
requerido organizar agendas con miles de señalamientos, calcular su
duración según el tipo de juicio y materia, coordinar la remisión de los
asuntos por cada uno de los 22 juzgados, organizar las salas de vistas,
adaptar los sistemas informáticos, disponer
de funcionarios de auxilio, etc…. Pero finalmente ha funcionado
perfectamente, sin apenas suspensiones, una vez que se consiguió ajustar
todas sus piezas”.
La
prórroga “provisional” del refuerzo, hasta que empiece a funcionar el
juzgado especializado en cláusulas abusivas sólo ofrece, según el decano
de los jueces de Valencia
“aspectos positivos, ya que redunda en beneficio del ciudadano y
permite ir afrontando ya, desde este momento, con agilidad, eficacia y
sin solución de continuidad, las demandas que se vayan presentando, sin
perjuicio de que dicho refuerzo cese una vez especializado
el juzgado provincial si finalmente se cuenta con los medios necesarios para ello”.
Juzgados sobrecargados
En
2016 la entrada de asuntos en los Juzgados de Primera Instancia de
Valencia fue un 16% inferior a la del año anterior. Descendieron los
pleitos por asuntos financieros complejos (de 9.500
a 6.100); bajaron a la mitad las demandas por ejecuciones hipotecarias
(pasaron de 861 en 2015 a 420 en 2016) y se registró también un descenso
de los lanzamientos derivados de los juicios de desahucio por
arrendamientos y ejecuciones hipotecarias (pasaron
de 2.052 a 1.851).
A
pesar de estas cifras, los Juzgados de Primera Instancia registraron el
pasado año una entrada de 41.000 casos, unos 1.860 por órgano.
Están muy por encima de lo que se registraba antes de la crisis económica (34.000 asuntos en 2006).
Esto supone que reciben el doble de
casos de los que el CGPJ considera recomendable
(un 129% más). Y la situación, a tenor de
las estadísticas de los primeros meses de 2017, irá a peor.
Según el juez decano esta realidad es consecuencia de la
nueva jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). A este respecto, explica que
“nos encontramos ante un nuevo panorama en materia de protección del consumidor frente a las cláusulas abusivas.
El TJUE ha
introducido
un nuevo modelo que requiere la intervención positiva del juez mediante
el control
de oficio de dichas cláusulas abusivas, algo desconocido hasta hace
unos años en el derecho procesal español, lo que ha supuesto una
auténtica transformación de nuestro sistema procesal”.
Comparte la noticia
Categorías de la noticia