Valencia reitera su voluntad de alcanzar un acuerdo con la propiedad de 'Bombas Gens' para que el inmueble pase a manos municipales

El concejal de Urbanismo, Alfonso Novo, ha reiterado la voluntad del Ayuntamiento de Valencia “hallar una solución” para el futuro de la antigua fábrica Bombas Gens que como es conocido, sufrió un incendio el pasado martes. Novo ha recordado que las circunstancias administrativas y jurídicas actuales del inmueble impiden que pueda ser expropiado por el Ayuntamiento. Y así se ha explicado esta misma mañana a los representantes de la Asociación de Vecinos de Marxalanes, que han sido recibidos en la Concejalía de Urbanismo. “El edificio tiene un aprovechamiento, está calificado como uso terciario, y hay solicitada una licencia sobre él –ha recordado Novo- y todo ello, la vía de la expropiación no lo contempla”.

“Eso no obsta –ha continuado- para que, igual que ya se intentó años atrás, se pueda negociar con la propiedad si está dispuesta”. “Por parte de la Administración, no solo estamos dispuestos, sino interesados en negociar cualquier salida, desde la premisa de respetar los derechos de la propiedad, desde luego”.

Por ello, el concejal ha asegurado su disponibilidad “si la titularidad del inmueble manifiesta la posibilidad de seguir avanzando las conversaciones para que la antigua fábrica pase a manos de la Administración y se le pueda dar uso conveniente”. En este sentido, ha calificado de “hipocresía hablar de unos posibles usos del edificio, que son totalmente engañosos, cuando se sabe que se trata de una edificación de uso terciario”.

Por ello, el delegado de Urbanismo ha subrayado que, “respetando los derechos de los propietarios, si ellos expresan su voluntad de plantear alternativas, estaremos encantados de estudiarlas”, y ha añadido que hay varias figuras jurídicas que podrían dar salida a la situación, además de la expropiación que es inviable, como transferencias de aprovechamiento o permutas.

Alfonso Novo ha intervenido ante los medios de comunicación, tras el informe elaborado a raíz del incendio por el Servicio Municipal Bomberos y la Oficina Técnica del Servicio Municipal de Disciplina Urbanística. En primer lugar, el concejal ha señalado que la prioridad es “garantizar la supervivencia de los elementos protegidos del conjunto fabril”. Y ha advertido a la propiedad que, si no actúa en este sentido, “se ejecutarán los procesos sancionadores correspondientes con toda rotundidad dureza y en su grado máximo”. “Igual que se respetan los derechos, del mismo modo no se protege a nadie –ha afirmado- y si hay que sancionar, lo haremos de la forma más efectiva posible”.

NINGÚN ELEMENTO PROTEGIDO HA RESULTADO DAÑADO.

El informe elaborado sobre los efectos del incendio señala que ha resultado afectada la cubierta inmueble, que se ha desplomado; hay signos de carbonización en el altillo, que ha estado sometido a elevadas temperaturas; y se han provocando pérdidas de capacidad portante y desplomes puntuales de material. Asimismo, han quedado desprotegidos algunos huecos de las fachadas. El resultado es que se han perdido dos faldones paralelos de la cubierta, recayentes a la avenida de Burjassot, y quedan en pie sin patologías graves que pudieran poner en peligro su estabilidad, los dos muros portantes que conforman las fachadas anterior y posterior de dicho edificio. Es decir, que no han resultado afectados los elementos protegidos del inmueble.

Ahora, se insta a la propiedad a efectuar, en el plazo máximo de 72 horas, una serie de medidas precautorias, que deben consistir en: demoler los elementos constructivos inestables (correas, viguetas, soportes…), desescombrar todos los restos, recuperar y almacenar in situ los materiales reutilizables (tejas, carpinterías de taller, cerámicas…), que deberán ser inventariados, y se realizará un tratamiento superficial de las coronaciones de elementos estructurales. Además de todo ello, todos los huecos exteriores deberán quedar clausurados mediante una chapa de lista de acero de 1,5 milímetros de espesor, anclados interiormente, de modo que se produzca el cierre total del complejo fabril en todos sus accesos, cegando los butrones en los cerramientos recayentes a las calles que lo rodean. Además, ha añadido el concejal, “dado el nivel de catalogación del inmueble, se levantará documento gráfico del estado actual, de los trabajos que se realicen y del resultado”

Si los titulares del edificio no realizan estas medidas en 72 horas, intervendrá la contrata municipal con cargo a la propiedad (el informe incluye un presupuesto de toda la actuación, que asciende a casi 19.000 euros -exactamente 18.995’55 €-). Alfonso Novo ha explicado que, dada la falta de respuesta ante los requerimientos anteriores, el Ayuntamiento va a iniciar de modo paralelo la tramitación de la adjudicación a la contrata para garantizar la preservación edificación. Si la propiedad no actúa, el Ayuntamiento podría estar en disposición de hacerlo hacia finales de la semana que viene.

Tres multas

Durante su intervención ante los medios de comunicación, el concejal de Urbanismo ha recordado que la antigua fábrica Bombas Gens es una edificación privada, catalogada para uso terciario, y en estos momentos con una licencia en tramitación para la construcción de un hotel. Disfruta de protección en sus fachadas delantera (recayente a la avenida de Burjassot) y posterior, mientras que el resto de elementos del conjunto no gozan de protección, tal como ya se manifestó en su día por parte de la Dirección General de Patrimonio.

Durante los últimos años, ha asegurado el edil, se han efectuado innumerables requerimientos y acciones ante la propiedad (que cambió de titular en el año 2009) del edificio para el que, además, nunca se ha solicitado una modificación de calificación de uso. El expediente sobre Bombas Gens se inició en 2006 (aparte de algún antecedente que data de 1998) ordenando a la propiedad que ejecutara obras de reparación. Y ante el incumplimiento, se les impone la primera multa coercitiva.

En 2009, la propiedad pasa a manos de Geshabitat, que interpone un recurso de reposición ante el Ayuntamiento contra la multa. Ante la negativa municipal, la propiedad impone un recurso contencioso-administrativo, que es declarado caducado por el juzgado de oficio. Durante esos años se suceden continuos informes municipales. Y en el año 2012 se requiere de nuevo a la entidad para que en el plazo de 72 horas proceda a cerrar un butrón detectado y se denuncia al juzgado la ocupación ilegal del inmueble. Es el Servicio de Disciplina Urbanística el que se hace cargo de la ejecución del cierre, y se giran los cargos a la propiedad.

A finales de 2012 hay más requerimientos actuaciones, desalojos, cierre de accesos, informes de obras no ejecutadas…y se remite todo al Servicio Municipal de Procedimiento Sancionador. En abril del año pasado se impone una segunda multa cohercitiva, y en diciembre se solicita a la Oficina Técnica de Control de Conservación de Edificación que actualice el valor de las obras de reparación ordenadas a los efectos de imponer una tercera multa cohercitiva.

“Lamentablemente, el martes se produjo el incendio y ahora se está estudiando las causas, pero es muy triste que desde determinadas instancias se digan tantas verdades a medidas y se habla con tanta alegría”, ha finalizado Novo.