Juan Carlos Galindo La
transparencia, el acceso a la información pública y las normas de
buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción
política. Sólo cuando la acción de los responsables públicos se
somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se
toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos
públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones
podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes
públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica,
exigente y que demanda participación de los poderes públicos.
Los países
con mayores niveles en materia de transparencia y normas de buen
gobierno cuentan con instituciones más fuertes, que favorecen el
crecimiento económico y el desarrollo social. En estos países, los
ciudadanos pueden juzgar mejor y con más criterio la capacidad de
sus responsables públicos y decidir en consecuencia. Permitiendo una
mejor fiscalización de la actividad pública se contribuye a la
necesaria regeneración democrática, se promueve la eficiencia y
eficacia del Estado y se favorece el crecimiento económico
Este sistema busca que
los ciudadanos cuenten con servidores públicos que ajusten sus
actuaciones a los principios de eficacia, austeridad, imparcialidad
y, sobre todo, de responsabilidad.
La apuesta por este ideal
de transparencia constituye, por tanto, una exigencia inaplazable en
aras a la plasmación de aquellos nuevos valores o principios que
están llamados a mejorar la vertebración y cohesión de nuestra
sociedad.
Las sociedades
democráticas avanzadas han reorientado en los últimos años su
acción política y su diseño institucional desde burocráticas
estructuras de conocimiento y toma de decisiones, hacia un enfoque
más holístico y flexible, focalizado sobre la participación, la
apertura informativa y la coproducción de conocimiento y servicios.
No ha sido fruto de un convencimiento académico o ideológico, sino
consecuencia ya inevitable de la evolución casi vertiginosa, del
sentir de los ciudadanos que exigen participar en la política de más
formas que la representación parlamentaria clásica.
El desarrollo de las
tecnologías de la información y de las redes sociales como
mecanismos de participación casi en tiempo real no es ajeno a este
cambio. El enfoque, netamente procedimental, y referido a registros y
documentos, adoptado por leyes anteriores se ha visto superado en el
transcurso de más de veinte años por un nuevo paradigma: la
sociedad como coproductora de conocimiento y de políticas públicas,
generadora de valor público y legitimada plenamente para acceder,
sin más restricciones que las estrictamente necesarias, al conjunto
de datos que crea, maneja y gestiona el conjunto de las
administraciones públicas y su sector instrumental. Se abandona así
un sentido patrimonialista del derecho a la información que es
sustituido por una comprensión necesariamente proactiva: la
ciudadanía como sujeto de la acción pública, y no sólo el
Gobierno y sus administraciones.
Los ejes sobre
los que bascula esta nueva política son los de la transparencia informativa, la
promoción de la reutilización de datos públicos, la implantación efectiva de
códigos de buen gobierno y buenas prácticas, y la participación proactiva de la
ciudadanía en los procesos de toma de decisión sobre políticas pública.
Hagamos un
ejercicio práctico, pensemos por favor, realmente ¿es cierto todo lo anterior,
se lleva al práctica después de 4 años en vigor? Nuestras administraciones
¿lo llevan a cabo? Y nuestros políticos
¿son transparentes? Y ¿nuestros partidos políticos…? Obremos pues, en consecuencia
con nuestra reflexión, que queda muy poco para que ejerzamos nuestro derecho de
quitar y poner al que lo hace mal.
#Transparencia #OtraPoliticaesPosible
#PrevencionDeLaCorrupcion #SomosSociedadCivil
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