Las últimas
decisiones a nivel normativo tomadas por las
administraciones públicas representan
un duro revés a todos los que amamos y vivimos la
recuperación y protección de
nuestro patrimonio. Nuestro país nunca ha destacado en
políticas de protección
patrimonial y menos en políticas de protección de los
oficios tradicionales, ni
de las empresas de restauración o restauradores de los
bienes patrimoniales.
Por un lado, la
nueva Ley de Contratos del sector público está redactada de
tal forma y
carácter que únicamente favorece a las grandes empresas
constructoras que contratan
con la administración todo tipo y clase de obras. Esta
práctica dificulta
enormemente el acceso a las licitaciones públicas de los
profesionales
autónomos y las pequeñas empresas de restauración,
especialmente formados en
conservación-restauración de bienes culturales.
En nuestra
ciudad puedo asegurar que las ultimas restauraciones
licitadas y contratadas
por este método han sido un absoluto desastre y nuestras
protestas no servirán de
nada una vez más. El principal problema de la anterior ley
era la contratación
a la baja económica sin fomentar la excelencia. Se suele dar
la circunstancia
que para arreglar el desastre suelen acabar los trabajos
contratados estas
pequeñas empresas de restauración a un precio y salario de
miseria.
Por otro lado,
la esperada ley de Mecenazgo de la Comunidad Valenciana que
debería de impulsar
otro tipo de financiación que complementara la prácticamente
única que es la
realizada con dinero público, se queda en premiar el
prestigio personal de
millonarios protectores que obtienen todo tipo de beneficios
fiscales. Sólo
cuenta el dinero. Aquellos que realizan labores
desinteresadas como el
voluntariado o la publicación desinteresada de su trabajo
para fomentar la
lengua valenciana, o incluso la persona que con su esfuerzo
está obligado por
ley a recuperar la fachada de su vivienda en cualquier
núcleo histórico protegido,
queda fuera del más mínimo beneficio por su contribución a
la protección de
nuestra herencia cultural.
El gran esfuerzo
realizado por nuestro Ayuntamiento en la recuperación se ve
pisoteado por este
tipo de decisiones administrativas autonómicas y nacionales.
Mal, muy mal se
presenta el panorama de la gestión patrimonial con estas
decisiones mientras en
los países de nuestro entorno se valora enormemente la
profesionalidad y
garantizan el uso y acceso de los bienes patrimoniales y
culturales recuperados
para facilitar su sostenibilidad, así como su difusión y
disfrute por parte de
la ciudadanía.
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