José Antonio Sancho. EPDA José Antonio Sancho, al que el fiscal le pide 9 años de cárcel tras su paso como interventor acumulado por el Ayuntamiento de La Pobla de Farnals, los mismos que la alcaldesa tránsfuga, Natividad García, contaba con el apoyo total de la primera munícipe cuando se celebró la moción de censura en la legislatura 2007-11. Quedó patente en numerosos actos públicos y también en juntas de gobierno local, donde Sancho actuaba como interventor y asesor de la alcaldesa, pero también mostraba una actitud altanera que hizo que saltaran chispas con parte del equipo de gobierno, así como con la secretaria municipal, cuyo informe, antes de coger la baja por depresión, supuso el principio del fin del sistema establecido en La Pobla para saquear el ayuntamiento, según la acusación del fiscal.
Una de estas sesiones fue especialmente dura, como comenzó a recoger El Periódico de Aquí en su edición del 6 de noviembre. En la junta de gobierno del 24 de marzo de 2009, Sancho no sólo defendió a la Academia Valenciana de Juristas, de la que dijo ser miembro, sino que llegó a faltar al respeto a los presentes, al señalar en un momento de tensión ‘‘estar hasta los huevos’’ de la web lacafeteraweb.com, en respuesta a Julia Moreno, concejal socialista, quien dijo a García y Sancho ‘‘que no acepta ninguna ironía sobre el Ayuntamiento’’. A esto respondió Sancho que ‘‘entonces no debería ella hacer lo mismo en lacafeteraweb.com, afirmando estar hasta los huevos de la citada página web’’.
Moreno afeó a la alcaldesa que ‘‘antes de tomar la decisión de no prorrogar la comisión de servicios de la interventora, Paula Rico, se hubiera contado con la opinión de todo el equipo de gobierno. Manifiesta que no considera que el Ayuntamiento deba precisamente ahorrar en un tema tan importante como el de tener un interventor el 100% de la jornada de trabajo y no en acumulación con otro Ayuntamiento. Termina mostrando su desacuerdo con la decisión de que el señor Sancho siga siendo el interventor del Ayuntamiento tras la finalización de la baja de maternidad de la anterior interventora y afirma que tampoco considera que deba continuar como asesor’’.
Natividad García, quien llegó a hacer trabajos para la Academia Valenciana de Juristas, intervino para manifestar ‘‘que la decisión tomada en relación a la plaza de interventor del Ayuntamiento compete a la alcaldía’’.
García, quien logró la alcaldía con el apoyo del PSPV, a mitad legislatura había perdido la confianza de estos concejales. Tras abandonar Vicent Sanchis al poco tiempo de la moción, el resto de ediles socialistas mostraron en esta junta de gobierno un distanciamiento evidente con García y una oposición a la continuidad de Sancho. Ana Grancha intervino para manifestar que ‘‘se tendrá que demostrar que efectivamente, no estando el 100% de la jornada, el señor Sancho puede desempeñar sus funciones como se venía realizando por la interventora que estaba a jornada completa’’.
Rafael Sanz, por su lado, quiso preguntar a Sancho si ‘‘además de ser asesor e interventor del Ayuntamiento, pretende también asumir la secretaría’’, a lo que contestó en un ejercicio de inmodestia que no, ‘‘mientras no se eleven las retribuciones de la plaza hasta el importe de lo que él cobra en el Ayuntamiento de Canet’’.
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