El
Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha condenado a cuatro
meses de prisión y a una multa de 62.000 euros a la mujer de
Ignacio Bernácer, ex jefe de explotaciones de la EPSAR, por permitir
que éste ingresara en sus cuentas bancarias parte del dinero público
que detrajo ilícitamente de la Empresa Metropolita de Aguas
Residuales (EMARSA).
Se
trata de una sentencia de conformidad tras el pacto alcanzado por la
Fiscalía y la acusada. El juez se limita a comprobar que la
calificación jurídica de los hechos es correcta y que la pena
solicitada se ajusta a Derecho.
El
juicio rápido de conformidad por esta pieza separada del “caso
Emarsa” se celebró ayer. La mujer del exalto cargo de la
Conselleria de Agricultura reconoció los hechos y se declaró
culpable de un delito de blanqueo de capitales por imprudencia grave.
Admitió
que en las cuentas bancarias que utilizaba para sus dos negocios, una
frutería y un taller de tapicería, permitió que “se realizasen
de forma continuada ingresos en efectivo procedentes de una actividad
ilícita, los cuales se fueron mezclando con los procedentes de su
actividad profesional, encubriéndose así su origen delictivo”. Y
lo hizo “sin adoptar ningún tipo de cautela tendente a esclarecer
el origen de los fondos que iban siendo inyectados” en tales
cuentas.
El
importe total de ingresos de fondos ilegales que tuvieron entrada en
las cuentas en las que participa la acusada como titular o cotitular
fue superior a los 93.000 euros.
Su
confesión le ha permitido beneficiarse de una reducción de un
tercio en la pena de seis meses de cárcel y 93.000 euros de multa
que inicialmente solicitó el Ministerio Público.
El
juez acepta también la petición de la Fiscalía para que la pena de
prisión le sea sustituida por la prestación de trabajos en
beneficio de la comunidad durante 120 días.
La
sentencia recuerda que el marido de la condenada, está acusado por
su presunta participación en la comisión de un delito continuado de
malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y
falsedad en documento oficial en la pieza principal del “caso
Emarsa” cuyo juicio está previsto para el 2 de mayo.
Estos
hechos, que él ha reconocido en un escrito presentado ante el
Tribunal que ha de juzgarle y por los que ha pagado 400.000 euros
para reparar parcialmente el daño causado, se remontan a los años
2004 a 2010. Según la Fiscalía, se produjo un desvío de fondos
públicos por parte de los gestores de Emarsa. En estos hechos habría
particpado Bernácer como jefe de departamento de explotaciones de la
EPSAR, entidad pública que, junto a la EMSHI, transfirió fondos
públicos a la primera para la gestión y explotación de la estación
depuradora de Pinedo (Valencia).
La
sentencia recoge los escritos de las acusaciones, según los cuales
“los gestores de la empresa pública, concertados con otra personas
físicas y jurídicas, diseñaron y ejecutaron de manera continuada
un plan consistente en incrementar distintas partidas de los
presupuestos de la EPSAR, organismo público dependiente de la
Conselleria de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, con los que
financiaba el coste de la explotación de la EDAR de Pinedo, cuya
gestión correspondía a Emarsa”.
Lo
hicieron, según las acusaciones, “con la única finalidad de
apropiarse de la diferencia existente entre el valor real de los
servicios incluidos en dichas partidas y el coste con el que estaban
siendo financiados. Recibidos los fondos públicos y deducido de lo
satisfecho el valor del coste real del servicio prestado por otra
empresa no investigada, los acusados hacían suyos los fondos
públicos detraídos, principalmente, en efectivo, bien mediante la
retirada de los mismos por ventanilla bien mediante el empleo de
distintas tarjetas bancarias asociadas a las cuentas beneficiarias de
los fondos públicos”.
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