La
comarca de l'Horta
Sud
recibirá un total de 591.394 euros en concepto del nuevo Modelo de
Servicios Sociales de la Diputación de Valencia, el cual fue
presentado el pasado mes de junio por parte de la Corporación
provincial. Esta
cantidad supone el incremento del 234% de la aportación de la
Diputación en la comarca durante el período comprendido entre 2015
y 2017.
La
inversión total a través de este plan de atención primaria, de 9,4
millones de euros, ha triplicado en apenas dos años la partida
destinada por el anterior equipo de gobierno a esta asistencia social
básica.
El
presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, y la
diputada de Inclusión Social, Rosa Pérez Garijo, presentaron ante
decenas de alcaldes y alcaldesas el nuevo modelo de la institución
provincial.
En
el caso de l'Horta
Sud
supone una inyección de 152.388 euros para los vecinos y vecinas de
Alcàsser,
49.678 euros para Beniparrell,
4.710 euros para Llocnou
de la Corona
y 181.742 para Massanassa.
En el caso de Beniparrell y la mancomunidad Barrio
del Cristo
–con una cantidad de 202.876 euros–, las cifras son especialmente
significativas puesto que no habían recibido ayudas de servicios
sociales con anterioridad, que los situará en los niveles del resto
de municipios.
Por
programas, los 152.388 euros destinados en Alcàsser
se dividirán en 62.634 para el reforzamiento del equipo técnico,
30.000 para prestaciones individualizadas, 13.660 para casos de
pobreza energética, 32.094 para el programa de ayuda a domicilio,
4.000 para cooperación social y 10.000 para actuaciones de
intervención para la prevención e inserción social. En el caso de
Beniparrell,
se hará una inversión de 32.678 euros para el reforzamiento del
equipo técnico, 3.000 para prestaciones individualizadas, 1.100 para
casos de pobreza energética, 7.500 para el programa de ayuda a
domicilio, 900 para los llamados clubes de convivencia y 1.000 para
actuaciones de intervención para la prevención e inserción social.
Llocnou
de la Corona
recibirá 4.085 para el reforzamiento del equipo técnico, 375 para
prestaciones individualizadas y 250 para casos de pobreza energética.
Por último, Massanassa
invertirá
89.634 euros para el reforzamiento del equipo técnico, 41.250 para
prestaciones individualizadas, 16.558 para casos de pobreza
energética, 26.250 para el programa de ayuda a domicilio, 1.650 para
los llamados clubes de convivencia y 6.400 euros para actuaciones de
intervención para la prevención e inserción social.
En
cuanto a la mancomunidad Barrio
del Cristo,
que
se incluye este año en la resolución de la Diputación de forma
excepcional, en virtud del acuerdo con la Conselleria, contará
con 102.093 euros que serán distribuidos de la siguiente manera:
102.093 para el equipo social base, 2.450 para el centro social,
30.000 para prestaciones económicas individualizadas, 10.000 para
reducir el empobrecimiento energético, 22.500 para el programa de
ayuda a domicilio, 1.123 para los llamados clubes de convivencia y
34.710 para intervención para la prevención e inserción social.
Las
cifras evidencian la apuesta de la Corporación que preside Rodríguez
por los temas sociales, ya que, pese a la disminución de la
aportación estatal en el presupuesto del presente año y la dotación
de 20,6 millones para el Fondo de Cooperación Municipal, se ha
duplicado respecto a 2016 la partida para atención social básica en
los municipios y se han habilitado nuevas líneas para el
mantenimiento de colegios, con 7 millones de euros, y construcción
de centros sociales, con otros 5,6 millones, además de la partida de
15,5 millones para Bienestar Social y Educación.
En
palabras de la diputada de Inclusión Social, Rosa Pérez Garijo,
“hemos pasado de un modelo asistencial-burocrático a un modelo de
responsabilidad pública basado en la prevención y la justicia
social”. Esta idea se expresa también en datos, como el ratio de
profesionales de atención en los Servicios Sociales Municipales, que
ha pasado en dos años de uno por cada 5.400 habitantes a uno por
cada 2.800 habitantes.
El
aumento de los equipos sociales de las mancomunidades y ayuntamientos
que se ha venido produciendo con el incremento de las ayudas de la
Diputación no es el único ámbito en que se ha mejorado esta
asistencia social para los municipios de menos de 10.000 habitantes.
El área de Inclusión Social que dirige Rosa Pérez Garijo ha
multiplicado por 7 la financiación del refuerzo administrativo
municipal en asistencia social, y se ha apoyado la movilidad de los
profesionales con subvenciones a 22 entes locales, cuando en 2015 no
existía este tipo de subvención.
Para
el presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, estas cifras
demuestran que “desde el primer minuto de la legislatura decidimos
que el eje principal de la gestión de este gobierno debía ser hacer
política para las personas, para mejorar la calidad de vida de los
vecinos de los municipios valencianos y por supuesto para garantizar
los servicios básicos y cubrir las necesidades de las personas más
vulnerables”.
En
cuanto a este nuevo modelo de Servicios Sociales, Rodríguez ha
destacado que “lo realmente importante es prevenir esas situaciones
de vulnerabilidad social y pobreza, antes que llegar a extremos de
desigualdad que rechazamos desde esta institución, en la que los
parámetros de objetividad e igualdad se aplican en las distintas
áreas para que ninguna persona se quede en el camino”.
Líneas
de actuación
Los
9,4 millones de euros que la Diputación ha destinado este año a
estos Servicios Sociales básicos en municipios de menos de 10.000
habitantes se invierten, entre otras líneas de actuación, en el
pago de salarios al personal de los equipos sociales de base; el
mantenimiento de los centros sociales; y programas de prestaciones
básicas como la pobreza energética, la atención familiar a menores
en riesgo de exclusión, el fomento del asociacionismo y el
voluntariado o la prevención de la exclusión social y sus causas.
También
se presta atención a las estructuras técnicas de los ayuntamientos
y los ratios de atención de los profesionales, teniendo en cuenta
las crecientes competencias que asumen los municipios en materia
social; la supervisión de la profesionalidad de los trabajadores
sociales; el estudio de la realidad social de cada municipio para
aprovechar mejor los recursos disponibles; y la contribución a las
iniciativas de revitalización del medio rural, pasando del
asistencialismo al desarrollo comunitario y la participación social.
La
titular de Inclusión Social, Rosa Pérez Garijo, ha insistido en que
el objetivo es “consolidar una red básica de protección social,
avanzando hacia una atención personalizada y de calidad que supere
el modelo tramitador y posibilite la verdadera inclusión social,
para que nadie quede excluido de una vida digna”.
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