Momento de la Asamblea Informativa de la Plataforma de Afectados por el Cementerio de Manises. EPDA La Plataforma de Afectados por el cementerio de Manises (PACM) celebró la semana pasada su primera Asamblea Pública donde se congregaron 200 personas. En ella, los vecinos Pedro, Mª Ángeles y Mª Rosa, afectados que han mantenido una pugna con la parroquia San Juan Bautista, que gestiona el camposanto manisero, explicaron la situación: "la parroquia vendió, antes de 2006, los nichos de su cementerio pero el Ayuntamiento de Manises cedió 7.000 metros de terreno para ampliarlo, donde se construyeron 3.000 nuevos nichos. Se aprobó entonces un reglamento de uso de ese espacio que ahora la parroquia está extrapolando a su propiedad". El problema, como ya publicó este periódico en exclusiva hace dos meses, es que la parroquia pide el contrato de compra de los nichos y "lo rompe para darte otro de cesión por 30 años y posteriores renovación, previo pago del 20% del valor del nicho, cada diez años", explican los afectados. "No se respeta que es un contrato vitalicio".
En la Asamblea destacaron otras quejas como el de los horarios, la imposibilidad de reservar un nicho junto a otro para enterrar a dos personas, que en fin de semana no permiten enterrar, los precios de los nichos, etc.
La Asamblea finalizó exponiendo que aquellos que tengan certificado de compra vitalicia de un nicho "no lo den a la parroquia y pidan el cambio de titularidad para poder actuar sobre su propiedad". Destacar que el concejal no adscrito, Juanjo Ramírez, quien apoya a esta plataforma, se ofreció para recabar información municipal e intentar ayudar en lo posible.
Sobre las próximas acciones del colectivo se destacó que han pedido una reunión con el alcalde de Manises, Jesús Borrás, quien ha afirmado su disponibilidad para el diálogo.
El objetivo de la PACM es anular o rehacer el reglamento del cementerio porque "está mal hecho", acusación "muy grave" según el gobierno local que ataca directamente al edil Ramírez y asegura que "no vamos a permitir que ningún grupo político manipule, utilice y juegue con los sentimientos de las personas para obtener un dudoso rédito político". Aunque reconoce que "El reglamento en cuestión es imperfecto. no ha generado ningún conflicto durante su vigencia. Lo que no es admisible es que se pretenda crear un problema general a partir de cuestiones individuales y más cuando para ello se utilizan acusaciones e insinuaciones que pretenden poner en cuestión la honorabilidad de instituciones como el Ayuntamiento, la Iglesia, o las personas que están a su servicio". Reclama la Corporación que "las declaraciones, vertidas con el objetivo de mermar la imagen del actual gobierno, se rectifiquen públicamente"
