Dicen, que a perro flaco todo son pulgas, y ese, es uno de los pretextos que utilizan algunos gobiernos locales para mantener una imagen pulcra.
Acabamos de conocer que los trabajadores del servicio de limpieza viaria y recogida de sólidos de Catarroja, van a ejercitar el derecho a la huelga contra la empresa Valoriza, adjudicataria del servicio desde el año 2006.
La historia se repite, pues en Septiembre del año 2012 el consistorio ya sufrió una huelga de los mismos trabajadores. Ahora se denuncian unas condiciones laborales precarias, asà como el enconamiento empresarial en la negociación y mejora de las condiciones del convenio colectivo de la empresa.
El gobierno local mantiene pasividad, pues más allá de repetir que es un contrato heredado del anterior gobierno, y recordar a todos los medios que sus contratos de externalización incorporan cláusulaS sociales para que las condiciones de trabajo sean dignas, no realiza una labor de mediación eficiente y de urgencia ante el peligro de insalubridad pública que la huelga supondrÃa para la población.
Corresponde a la Administración velar porque sus adjudicatarias no vulneren derechos y porque el conflicto no ocasione perjuicios innecesarios a la población de Catarroja, pues ante la posible emergencia en materia de salud pública, debe mantener una posición proactiva que evite la insalubridad en las calles, parques y jardines.
Además, le compete la fijación de los servicios mÃnimos durante, pues el Tribunal Constitucional permite que los fijen la autoridad local, por ser la más apropiada debido al conocimiento de las necesidades de la población.
Procede observar cómo se desarrollan los acontecimientos y ver cómo actúan en la resolución del conflicto tanto trabajadores, empresa y Ayuntamiento, pues está en juego la salubridad y limpieza de las calles de Catarroja.
Para finalizar y a modo de reflexión, lanzo una pregunta al aire, ¿Creéis que la prestación de servicios públicos a través de empresas privadas es una fórmula adecuada en el sector público? Quizás la inclusión de cláusulas sociales en los contratos con la administración pública no sea suficiente, pues la contratación bajo la premisa del ahorro de costes no genera situaciones beneficiosas para el ciudadano.