Paco Crispín. EPDAAbsueltos. Inocentes. El portavoz del PSPV-PSOE de Sagunt, Francisco Crispín, en la pasada legislatura, ha sido absuelto, igual que otros 4 técnicos municipales del Ayuntamiento de Sagunt -V. P., J. V. G., J. A. y J. V. C.-, de los delitos de prevaricación, falsedad documental y malversación de caudales públicos. El líder socialista, que fue apartado por este motivo de la carrera para presentarse a las primarias y optar a la alcaldía, siempre mantuvo su inocencia. La acusación partió del ex concejal de ADN Morvedre, Sergio Moreno, quien aprovechó una visita de la UDEF por otras razones al ayuntamiento, para acusar a Crispín y los otros 4 funcionarios, que han tenido que pasar desde entonces un calvario. El Periódico de Aquí ampliará esta información en su edición impresa del 26 de julio.
Crispín siempre defendió su inocencia. En declaraciones a este periódico aseguró que "nadie ha cometido ninguna irregularidad". El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Sagunt había coordinado una operación por presuntas irregularidades en la Concejalía de Actividades del Ayuntamiento de la localidad que se ha saldado con la detención policial del propio Paco Crispín, en calidad de ex jefe del Servicio de la Inspección Técnica de Actividades del Consistorio, y cuatro técnicos municipales más del mismo departamento.
La instructora investigaba al ex jefe del Servicio de la Inspección Técnica de Actividades, concejal socialista hasta mayo de 2019, y a cuatro técnicos de este departamento por el uso irregular que durante varios años habrían dado a la partida de 300 euros que anualmente perciben para renovar su uniforme laboral, un hecho que fuentes próximas a éstos aseguran que ''se ha hecho todo siempre acorde a la ley'', como se hacía ''en otros departamentos''. Finalmente, ese uso, amparado por el Ayuntamiento y con respaldo incluso institucional de un pleno municipal, estaba dentro de la ley.
La operación policial ha sido desarrollada por la UDEF de la Policía Nacional bajo la coordinación de la titular de Sagunto 4, que investigaba si los cinco funcionarios destinaron el dinero público percibido entre 2007 y 2014 a compras en tiendas de mujer, de bebé, establecimientos deportivos y armerías. En este sentido, Crispín ha explicado que el convenio de relaciones laborales del Ayuntamiento de Sagunt contempla la dotación de 300 euros cada dos años, "y no anualmente como dice el TSJCV, para todos los inspectores de Urbanismo y Actividades en compensación por el desgaste de la ropa, ya que visitas obras con ropa de calle y te puedes romper un pantalón o enganchar y romper la ropa, y se gastaron debidamente", ha apuntado el ahora edil socialista. Esta práctica se lleva a cabo, según ha afirmado Crispín, desde el año 2004 "cuando el ahora alcalde de Sagunt, Quico Fernández, era concejal de Urbanismo, y decidió en aquel entonces autorizar a los cinco inspectores de Urbanismo dar unos 300 euros cada dos años para gastar en concepto de ropa en la tienda Armería y Deportes Peña del municipio". Anteriormente, según detalla Crispín, "íbamos a una sastrería donde recuerdo que nos hicieron dos trajes a medida". "No entiendo dónde están las irregularidades", ha matizado Paco Crispín.
Para Crispín, este caso es "una injusticia, ya que no nos han querido informar de nada y luego publican a través de una nota de prensa de lo que nos acusan". "Es un intento de alguien de intentar arrojar polémica a este departamento, pero seguro que todo va a quedar en un malentendido. Esperamos que la justicia haga bien su trabajo", matiza Crispín.
La causa, abierta por un delito de malversación, es una pieza separada de la "Operación Flotador", que investiga presuntas irregularidades en las adjudicaciones de contratos en varias áreas del Consistorio saguntino y en la concesión de licencias urbanísticas.
La operación se inició en agosto de 2015 por los delitos de cohecho y prevaricación a partir de una denuncia interpuesta por la Fiscalía de Valencia tras las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas. En ella se investiga el supuesto amaño de contratos durante las legislaturas 2007-2011 y 2011-14.
En la pieza principal de la "Operación Flotador", el Juzgado investiga a 12 personas físicas (concejales y exconcejales) y 6 personas jurídicas, empresas beneficiarias de las adjudicaciones presuntamente irregulares.
La diligencias, declaradas secretas, se centran en el fraccionamiento de contratos para adjudicar determinados servicios a seis mercantiles eludiendo la Ley de Contratos del Sector Público. Se investiga también si se amañaron contratos y se adjudicaron trabajos sin el correspondiente expediente administrativo vulnerando con ello los principios de transparencia, libre concurrencia y competencia efectiva que rigen la contratación pública.
Además de la principal, la causa consta de dos piezas separadas.
Este caso, que ahora queda en nada, ha tenido, sin embargo, graves consecuencias para Paco Crispín, a quien su partido le impidió presentarse a las primarias para encabezar la candidatura del PSPV-PSOE en Sagunt -en las del 2015 se impuso al candidato del aparato- con la excusa de que estaba siendo investigado. Así, el PSOE nombró directamente a Darío Moreno candidato, quien finalmente ganó las elecciones municipales y es alcalde de Sagunt. Fuentes próximas a Crispín aseguran que éste pedirá explicaciones y un gesto por parte de su partido.
Tras conocerse la decisión judicial, la ejecutiva comarcal del PSPV mostró la "satisfacción" por la absolución de Francisco Crispín. Además, quisieron "solidarizarnos con los trabajadores del Ayuntamiento de Sagunt que fueron acusados y que la justicia ha exculpado. Con estos hechos queda demostrado la honradez de los cargos socialistas en el Ayuntamiento de Sagunt". "Esta honradez -añadieron desde la ejecutiva- ha caracterizado a los grupos municipales y gobiernos socialistas de la comarca del Camp de Morvedre".
