 En la imagen, dos sanitarias inyectan la vacuna contra la covid a dos usuarias de una residencia. EFE-Juan Carlos Cárdenas-Archivo
						En la imagen, dos sanitarias inyectan la vacuna contra la covid a dos usuarias de una residencia. EFE-Juan Carlos Cárdenas-ArchivoLa Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas 
Dependientes de la Comunitat Valenciana (Aerte) ha advertido de que la 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas debe 40 millones de euros
 a residencias privadas y empresas gestoras. 
"Hay muchas 
facturas del mes de noviembre de 2021 todavía sin pagar, lo que está 
provocando grandes problemas a las entidades que atienden a estas 
personas", ha indicado en un comunicado el presidente de Aerte, José 
María Toro.
Esta situación es "muy grave y no se debe a la 
carencia de fondos, ya que estos pagos podrían haber entrado en el FLA 
del pasado 30 de mayo, sino a una retrasada gestión administrativa que 
impide que las facturas se contabilicen adecuadamente. Esto es 
intolerable", ha asegurado.
Según Toro, el concurso de 3.300 
plazas residenciales de personas mayores, el primero que llevó a cabo la
 Conselleria, venció el 31 de agosto de 2021 y el que lo sustituye, de 
7.100 plazas, está actualmente en la fase de apertura de sobres y se 
espera que entre en vigor el 1 de septiembre de 2022, "con un año de 
retraso".
Al mismo tiempo, ha añadido, muchos centros de 
servicios sociales de titularidad pública y que son gestionados por 
entidades privadas "se encuentran en la misma situación, sin contrato, 
con la obligación de seguir prestando el servicio y con retrasos en el 
cobro de las facturas correspondientes a dichos servicios".
Según
 ha indicado, este retraso administrativo está provocando un atraso en 
los pagos, ya que no se han cobrado facturas correspondientes a 
servicios prestados de noviembre del 2021 en adelante. 
Al no 
existir contrato en vigor, se debe pagar a través de un expediente de 
resarcimiento, que debe ser aprobado por el Consell, lo que dificulta y 
alarga el periodo de cobro de estas facturas. 
El importe de la 
deuda acumulada por el concurso de las 3.300 plazas asciende a 27 
millones de euros, a lo que hay que sumar otros 13 correspondientes a 
las gestiones integrales, lo que sitúa la deuda en torno a los 40 
millones, ha afirmado el presidente de Aerte.
"Esta situación se 
está volviendo insostenible y pone en una situación financiera muy 
complicada a las empresas que prestan el servicio a estas personas en 
situación de dependencia", ha concluido.									
                        
                        	
                        
                        Categorías de la noticia
                            
                                                            
                            
                            
                            Quizá te interese