Según una encuesta a 400 familias en nuestro paÃs promovida esta semana por UPEV, la asociación de empresarios del vapeo, se confirma que a nueve de cada diez familias les preocuparÃa que su hijo/a vapease.
Las familias encuestadas ven un problema en la venta libre del producto. Tanto es asà que el 93,3% de las familias cree que si se restringen los puntos de venta se lograrÃa controlar el acceso de los menores al producto. A dÃa de hoy, estos productos se pueden adquirir libremente en cualquier establecimiento, desde bazares, tiendas de conveniencia, peluquerÃas, gasolineras o grandes superficies. En el anteproyecto de ley, actualmente ya en tramitación, tampoco se recoge la introducción de barreras a la venta libre de estos productos.
Al preguntar a los padres y madres sobre qué otras medidas propuestas creen que pueden evitar el problema del acceso, más de la mitad de las familias (58%) plantea medidas como solicitar el DNI en el punto de venta para controlar el acceso de los menores al producto y, de manera aislada, una de cada diez familias (12%), está de acuerdo con multar a las familias de los menores cuando se les descubra consumiendo el producto.
Los resultados de la encuesta manifiestan una reflexión compartida por cerca de la mitad de las familias que cree que es su deber prevenir el consumo de vapers entre menores de edad; reconociendo incluso un 41,5% que se trata de una responsabilidad compartida entre las familias y el Gobierno. Un 12% de la población cree que la responsabilidad recae exclusivamente en el Gobierno por vender el producto, cifra que asciende al 16% entre aquellos con hijos de 15 a 17 años.
Desde UPEV se ha querido conocer la opinión de los padres y madres sobre las medidas recogidas en la ley, y reconocen que "en el fondo es una cuestión de sentido común, nadie quiere que los menores vapeen y por eso desde la asociación se recomienda evitar medidas prohibicionistas que no van a solucionar el problema", explica Arturo Ribes, presidente de UPEV. En cambio, reclaman que hay que poner en práctica medidas reales y eficientes que regulen la venta del producto para minimizar el acceso de menores.