Alboraya ha presentado un plan de viabilidad acorde a los requerimientos del Decreto y otro según la realidad económica del municipio ya que si aplica únicamente las directrices del gobierno, le resulta imposible poder asumir los plazos de pago que marca la nueva ley a partir del 2014. Esto es asà sobre todo porque ha de sumar al nuevo Plan las cargas derivadas del anterior Decreto de 2009, al que se acogió el consistorio para el pago a proveedores, por un montante de 4 millones de euros.
Asà pues el equipo de gobierno se ha visto en la obligación de presentar un plan de ajuste alternativo con el que podrÃa hacer frente a los pagos cumpliendo con garantÃas con los servicios que debe prestar el Ayuntamiento (pago a trabajadores, prestación de servicios mÃnimos, luz, agua, alquileres, vencimientos de intereses con entidades bancarias…)
La concejala de Hacienda y Control del Gasto, Mamen Peris, ha señalado que "con las obligaciones de pago que estamos soportando en este concepto del anterior decreto de 4 millones de euros, más los 25,5 millones que tenemos que pagar ahora con la nueva ley, además de los más de 30 millones de euros que no han sido incluidos como facturas a proveedores porque son facturas que se deben a administraciones o entidades públicas como el EMTRE o FGV, es imposible cumplir un plan de viabilidad según el nuevo decreto porque no contempla el grado de endeudamiento real de este municipio, que en este caso es excesivo al ser, con diferencia, el más elevado de la Comunidad Valenciana por habitante".
El equipo de gobierno, para poder aprobar el presupuesto de 2012, ya hizo los ajustes necesarios, en la lÃnea de los que ahora se exigen, tanto en personal, como en eliminación de duplicidades en algunos servicios, subida de impuestos y tasas, ajustes a la baja de las contratas de servicios (recogida de basuras, limpieza, etc.) medidas de ahorro energético, previsión de reagrupación de servicios y cierre de edificios, etc.
Por otra parte Alboraya posee bienes inmuebles patrimoniales y posibilidad de desarrollo de programas de actuación urbanÃstica susceptibles de generar ingresos añadidos, pero dada la actual coyuntura de paralización del mercado inmobiliario, la Corporación no los ha incluido como medidas a considerar para argumentar un plan de ajuste positivo. Si se dieran en un futuro esos ingresos sin duda servirán para reducir las cargas financieras.
