Celebración de un pleno en AlborayaEl debate sobre lo que cobran la denominada "casta" centra la actualidad política a raíz de la irrupción en el panorama nacional de algunas formaciones que claman contra las restribuciones excesivas de los representantes públicos. El mensaje cala con fuerza en una ciudadanía agobiada por el drama económico que azota el país desde hace años, aunque puede llegar algo distorsionado. La figura del político se ha manchado tras los escandalos de corrupciones, sueldos opacos, sobres, triplicidades..., pero ¿es justo incluirlos a todos en el mismo saco?
Ana Bru es concejala de Hacienda en Alboraya, un municipio de 24.000 habitantes que maneja un presupuesto de casi 15 millones de euros. Pocas veces logra llegar a casa a la hora de la cena. Los papeles, las reuniones, la búsqueda de soluciones a problemas cotidianos o las reuniones con vecinos ocupan buena parte de su tiempo y del tiempo de sus compañeros de escaño con Miguel Chavarría al frente como alcalde del municipio. Horas de dedicación por las que ninguno de ellos, aunque suene extraño, percibe compensación económica.
Es la denominada micropolítica o política de tercera, la que ejercen la mayoría de los cargos públicos del país y en la que "no hay horas ni excusas a la hora de resolver los problemas de esos vecinos que hablan directamente contigo, que te paran por la calle para pedirte explicaciones o plantearte cuestiones", remarca la edil de Alboraya.
La decisión de no contar con concejales con dedicación se adoptó tras las elecciones municipales de mayo de 2011 cuando el candidato del Partido Socialista, Miguel Chavarría, fue elegido alcalde de Alboraya con los votos de su formación, Compromís, UPPA y CiAlbo, lo que impidió al PP continuar con la labor de gobierno que ejerció durante muchos años.
La situación de las arcas municipales -Alboraya era el pueblo más endeudado de España- obligó a estas formaciones a suscribir un pacto que incluía esta medida "que estamos respetando al cien por cien". De este modo, la partida dedicada a sufragar los gastos de los órganos de gobierno quedó reducida a más de la mitad respecto a la anterior legislatura, aunque se mantuvieron las retribuciones a los concejales, tanto del equipo de gobierno como de la oposición, por asistencias a juntas de gobierno (unos 110 euros netos), comisiones informativas (50 euros) o plenos (100 euros), y en función de la actividad comisiones de gobierno, lo que significa que un edil del ejecutivo puede percibir unos 1200 euros mensuales por su dedicación al municipio "las 24 horas del día los 365 días del año. Porque en un pueblo no hay horas y sí mucha responsabilidad".
